La reciente convocatoria urgente a una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la crisis en Nicaragua ha generado un consenso regional sobre la necesidad de abordar el rechazo al sufragio universal en el país centroamericano. El desafío actual para los Estados miembros radica en definir las medidas diplomáticas y coercitivas que puedan implementarse en un marco multilateral frente a las acciones beligerantes del régimen nicaragüense.
Desde una perspectiva jurídica, la conducta política de Nicaragua se analiza bajo la obligación de garantizar la no agresión y el sufragio universal, basándose en tres instrumentos principales: los artículos 2, 3 y 20 de la Carta de la OEA, el artículo 23 del Pacto de San José y el artículo 3 del Acuerdo de Río (Tratado de Asistencia Recíproca). Aunque la Carta Democrática es una herramienta integral del sistema interamericano, se ha señalado que no posee un carácter legalmente vinculante, lo que ha llevado a que el tratamiento de la situación nicaragüense oscile entre los ámbitos de los derechos humanos y la seguridad regional.
Históricamente, algunos Estados han sido cautelosos al calificar a Nicaragua como un problema de seguridad regional. Brasil, por ejemplo, sostuvo anteriormente que no existía evidencia de procesos que afectaran la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, los países del Caribe han mostrado vulnerabilidad ante agresiones externas, lo que ha generado divisiones internas en el Caricom respecto a la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, el análisis actual sugiere que en el caso de Nicaragua, la dictadura y la agresión externa son elementos integrales del mismo régimen.
La trayectoria de Nicaragua desde 2018 evidencia una profundización antidemocrática que vulnera el derecho a la autodeterminación de sus ciudadanos, transgrediendo el artículo 23 del Pacto de San José y afectando la integridad del sistema interamericano. Se argumenta que las agresiones modernas ya no se limitan a la acción militar convencional, sino que incluyen mecanismos no convencionales como ataques cibernéticos e incursiones de asesinos a sueldo para eliminar opositores, acciones que vinculan directamente al Tratado de Río.
En términos concretos, se señala que Nicaragua ha violado la soberanía de estados vecinos, específicamente Costa Rica y Honduras, para ejecutar a ciudadanos fuera de su territorio. Asimismo, el régimen ha sido acusado de utilizar la migración como un arma de agresión. Entre 2023 y 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían facilitado el uso de puertos nicaragüenses para vuelos chárter destinados a la frontera con México y Estados Unidos, permitiendo el tránsito premeditado de más de 300,000 personas.
A pesar de las reticencias iniciales, tanto Brasil como México han reconocido que Nicaragua no respeta el estado de derecho, mantiene prisioneros políticos y viola sistemáticamente los derechos humanos y el sufragio universal. Esta realidad ha sido confirmada en múltiples sesiones de votación dentro del organismo interamericano.
Ante este escenario, se propone que la respuesta de la OEA sea proporcional al daño causado. Se sugieren tres acciones multilaterales inmediatas: primero, la creación de una comisión especial que, en un plazo de 30 días, recomiende medidas adicionales basadas en los acuerdos legales violados por Nicaragua. Segundo, el reconocimiento irrevocable de un movimiento cívico democrático diverso y legítimo en el país, cuya actividad es impedida por el Estado policial.
Tercero, se insta a que cada Estado adopte medidas cautelares y unilaterales dentro del marco del derecho internacional. Estas acciones incluirían el retiro de embajadores a consulta —siguiendo el ejemplo de Costa Rica y Panamá— y la decisión de no participar en reuniones donde Nicaragua esté presente, como la reunión de autoridades electorales prevista para septiembre de 2026 en la Ciudad de México, dado que el país rechaza el voto universal. Finalmente, se propone extender las sanciones individuales y entidades involucradas en la violación de derechos humanos y el desmantelamiento del estado de derecho.
Esta movilización representa un hito en el abordaje de la crisis y pone a prueba la sinceridad del Sistema Interamericano. La estrategia sugerida es una acción unilateral coordinada por un bloque regional, que permita compensar las limitaciones del principio de no intervención frente a un sistema calificado como cleptocrático y corrupto.
