El Gobierno Nacional ha formalizado la adjudicación de ocho corredores de rutas nacionales, los cuales quedarán bajo gestión privada por un período de veinte años. Esta medida se enmarca en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que fue declarada "sujeta a privatización" en virtud de lo establecido por la Ley 27.742.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del titular de la cartera, Luis Caputo. A través de esta normativa, se definen los responsables de la gestión de diversos tramos de la Red Federal de Concesiones.
De acuerdo con los términos de la resolución, la licitación comprende una serie de responsabilidades integrales sobre los tramos adjudicados. Las empresas seleccionadas serán encargadas de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas. Asimismo, deberán garantizar la prestación de servicios al usuario y llevar a cabo la realización de nuevas actividades complementarias, todo ello bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.
En los considerandos del documento, el Poder Ejecutivo recordó que el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. había sido autorizado previamente mediante el Decreto 97/2025, publicado en febrero del año pasado. Dicho decreto facultó al Ministerio de Economía para llevar adelante el llamado a licitación y la posterior adjudicación de los tramos correspondientes a la red vial nacional.
La resolución publicada este lunes aprueba específicamente lo actuado en la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 504-0001-LPU26. El Gobierno sostuvo que las ofertas finalmente seleccionadas se ajustan plenamente a las condiciones establecidas en los pliegos y resultan ser las económicamente más convenientes para el interés público.
La distribución de las adjudicaciones quedó establecida de la siguiente manera para los ocho corredores, todos con una vigencia de veinte años:
Para el Tramo Centro, se seleccionó la oferta presentada por la unión conformada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa fijada en $1.399 sin IVA. En el caso del Tramo Centro Norte, la adjudicación fue para José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa de $2.175 sin IVA. Para el Tramo Mesopotámico, resultaron ganadores IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 sin IVA.
En cuanto al Tramo Noroeste, la adjudicataria fue la unión integrada por Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., con una tarifa de $2.285 sin IVA. Para el Tramo Litoral, se eligió la propuesta de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con un monto de $2.876,04 sin IVA. El Tramo Noreste fue adjudicado a Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A., con una tarifa de $2.950 sin IVA.
Finalmente, el Tramo Chaco-Santa Fe fue asignado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa de $3.520 sin IVA, mientras que el Tramo Cuyo quedó en manos de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462 sin IVA.
Paralelamente, la resolución declaró inadmisibles las ofertas presentadas por Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. También se desestimaron las propuestas de diversos participantes, entre ellos CPC S.A.; JCR S.A. y Néstor Guerechet S.A. (para uno de los tramos licitados); Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L.; y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. específicamente para el Tramo Noreste.
Un caso particular fue el de la unión integrada por INMAC S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A. La resolución señala que la Comisión Evaluadora analizó una presentación realizada por el propio oferente posterior a la apertura económica, en la cual manifestó la existencia de un error en las propuestas presentadas. Según el dictamen citado, esta situación comprometía la seriedad e inalterabilidad de las ofertas económicas, razón por la cual se recomendó su desestimación.
El Ministerio de Economía concluyó destacando que, tras la publicación del dictamen correspondiente en el sistema CONTRAT.AR y habiendo cumplido los plazos previstos en los pliegos, no se ha recibido impugnación alguna contra la evaluación realizada.
