En una resolución judicial emitida este domingo 23 de agosto de 2026, las autoridades competentes determinaron la medida de detención preventiva por un periodo de 45 días para el exmilitar Fritz Junior Gironda. Esta decisión surge en el marco de una investigación penal por el delito de enriquecimiento ilícito, proceso que ha puesto bajo la lupa las actividades financieras de personas vinculadas al entorno político.
El camino hacia la detención de Gironda estuvo marcado por un breve periodo de incertidumbre. El exmilitar se mantuvo en calidad de prófugo durante algunas horas, luego de que se llevaran a cabo allanamientos en una casa de cambios ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz. Este establecimiento financiero es el punto central de la investigación, debido a que se encuentra vinculado directamente al asesor político Fernando Cerimedo.
La situación legal de Gironda no es la única que ha sido resuelta por la justicia en las últimas horas. Su esposa, Claudia Inés Layme, también fue procesada dentro de este caso. No obstante, la medida cautelar impuesta para ella fue distinta; la justicia determinó que Layme debe cumplir detención domiciliaria, medida que ha sido reforzada con la aplicación de un arraigo para evitar cualquier intento de salida del país.
Tanto Gironda como Layme fueron formalmente imputados el pasado sábado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Esta imputación refleja la gravedad de los hallazgos realizados por los investigadores durante las intervenciones en los inmuebles y negocios relacionados con los sospechosos.
De acuerdo con los detalles expuestos en la imputación formal, los operativos de allanamiento arrojaron resultados contundentes. En el lugar se encontraron cajas de muebles que contenían grandes sumas de dinero en efectivo, lo que sugiere un manejo de capitales que no coincide con los ingresos declarados o justificados de los involucrados. Además, entre los objetos incautados, se halló una distinción otorgada por la Policía Boliviana a Fernando Cerimedo, elemento que vincula la presencia del asesor político con el entorno donde se realizaban estas operaciones.
La investigación se ha centrado especialmente en el patrimonio del asesor Fernando Cerimedo. Según lo constatado por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, se ha evidenciado que el asesor aumentó su patrimonio de forma desproporcionada. Este incremento patrimonial no cuenta con una justificación legal o financiera que lo respalde, lo que ha llevado a la justicia a tipificar la conducta como enriquecimiento ilícito.
En cuanto a la operatividad de la casa de cambios en la zona sur de La Paz, las indagaciones permitieron establecer la jerarquía y los roles de la pareja imputada. Fritz Junior Gironda figuraba como el representante legal de la entidad, mientras que Claudia Inés Layme desempeñaba la función de encargada del establecimiento. En dicho lugar, los allanamientos permitieron el hallazgo de sumas considerables de dinero en dólares estadounidenses, reforzando la tesis de la fiscalía sobre la existencia de flujos financieros irregulares.
Con la detención preventiva de Gironda y el arresto domiciliario de Layme, la justicia boliviana busca asegurar que los imputados permanezcan a disposición del proceso mientras se profundiza en la investigación sobre la procedencia de los fondos y el grado de responsabilidad de Fernando Cerimedo en estas actividades. El caso permanece abierto, centrando sus esfuerzos en deslindar responsabilidades sobre el enriquecimiento injustificado que ha afectado los intereses del Estado.
