En la ciudad de Santo Domingo, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García ha emitido una instrucción directa y obligatoria dirigida a los niveles jerárquicos superiores de la Policía Nacional. Esta disposición surge en un momento clave, ya que el mayor general se encuentra a pocos días de asumir formalmente la Dirección General de la institución policial.
La orden impartida por el mayor general Rodríguez García establece que todos los directores y comandantes de la institución que, según lo estipulado por la normativa legal vigente, estén obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio, deben proceder a realizar dicho trámite de manera inmediata. Esta medida busca asegurar que el personal de mando cumpla con las responsabilidades administrativas y legales que el ejercicio de sus cargos conlleva.
Para la ejecución de este requerimiento, el mayor general ha fijado un plazo máximo y perentorio de 30 días. Durante este periodo, los directores y comandantes señalados deberán completar y entregar la documentación correspondiente a su patrimonio, asegurando así que se cumpla con la exigencia legal mencionada en la instrucción. El tiempo otorgado marca la ventana de oportunidad para que los oficiales regularicen su situación administrativa ante la institución.
Un aspecto crítico de esta instrucción es la advertencia adjunta al cumplimiento del plazo. El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García ha sido enfático al señalar que el incumplimiento de esta obligación legal no será tolerado. Aquellos directores y comandantes que no presenten su declaración jurada de patrimonio dentro del lapso de los 30 días establecidos se enfrentarán a la medida disciplinaria de la destitución.
Esta advertencia de destitución subraya la rigurosidad con la que se manejará el proceso de cumplimiento. La instrucción no deja margen para prórrogas ni excepciones para aquellos que estén legalmente obligados a realizar el trámite, vinculando la permanencia en el cargo directamente con la entrega de la declaración de patrimonio.
La medida se focaliza específicamente en el grupo de directores y comandantes, quienes representan la estructura de mando de la Policía Nacional. Al dirigir la orden a estos rangos, el mayor general Rodríguez García pone el énfasis en el cumplimiento de la ley dentro de la alta jerarquía policial, justo antes de tomar las riendas oficiales de la Dirección General.
El contexto temporal de esta decisión es relevante, ya que se produce en los días previos a su toma de posesión como Director General. Esta acción anticipada indica que el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los mandos policiales es una prioridad inmediata para la gestión que está por iniciar.
En resumen, la instrucción emitida en Santo Domingo es clara: los directores y comandantes obligados por ley deben presentar su declaración jurada de patrimonio en un plazo no mayor a 30 días. La consecuencia directa para quienes ignoren este mandato o no lo cumplan en el tiempo indicado será la destitución de sus cargos.
Con esta disposición, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García establece un parámetro de cumplimiento legal obligatorio para la cúpula de la Policía Nacional, vinculando la estabilidad laboral de los mandos a la presentación de sus activos patrimoniales según lo exige la ley. El proceso se mantiene ahora bajo la cuenta regresiva de los 30 días otorgados para evitar las sanciones administrativas mencionadas.
