El pasado 20 de agosto, en las instalaciones del Hotel Marriott, el excandidato presidencial Enrique Márquez anunció formalmente su regreso a la actividad política luego de haber cumplido un año de prisión. Durante el encuentro, Márquez presentó una propuesta denominada “Pacto por Venezuela”, la cual plantea como un “acuerdo nacional” orientado a restablecer la democracia en el país.
El documento, disponible en el sitio web oficial del proyecto, se estructura en 11 puntos fundamentales. Entre las demandas generales, el exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicita la reconstrucción institucional, la realización de elecciones libres y la liberación inmediata de todos los presos políticos. De manera más específica, Márquez propone reformas profundas al sistema electoral y legislativo, tales como la eliminación de la reelección indefinida para cargos de elección popular, la implementación de una segunda vuelta en los comicios presidenciales y el retorno a un Parlamento bicameral.
Desde la perspectiva del análisis político, Luis Rendueles considera que el uso del término “Pacto” es una decisión estratégica. Según Rendueles, Márquez busca posicionarse como un puente entre diversos sectores, presentándose como una opción de centro y de convivencia. El politólogo señala que la propuesta parece intentar ocupar un espacio específico en la transición, específicamente el de ser un interlocutor confiable para el gobierno de Estados Unidos.
Rendueles destaca que el respaldo casi incondicional de Márquez al plan de tres fases de Washington, sumado a su invitación previa al discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, es un mensaje directo a la Casa Blanca: hay un dirigente venezolano dispuesto a validar el liderazgo estadounidense del proceso sin exigir condiciones. No obstante, el consultor advierte que depender excesivamente de la legitimación externa conlleva el riesgo de que su capital político sea percibido como “prestado”.
Por otro lado, el consultor político Miguel Barone reconoce que, en teoría, Márquez podría actuar como un actor de consenso, especialmente frente a un interinato que mantiene un veto contra María Corina Machado y un sector de la oposición que no se identifica con la líder en el exilio. Sin embargo, Barone enfatiza que la mayor debilidad del exparlamentario es la falta de una base popular sólida en el contexto actual. Recordó que en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Márquez obtuvo solo 29.611 votos (0,24 % del total), una cifra que, a su juicio, no levanta las expectativas de la mayoría de la oposición venezolana.
Esta disparidad se refleja en datos recientes. Una encuesta de Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel y Bloomberg, indicó que la popularidad de María Corina Machado alcanzó el 72 % en julio, mientras que la desaprobación hacia la gestión de Delcy Rodríguez se ubicó en 64,5 %. A pesar de esto, Rendueles coincide en que el perfil moderado y menos confrontacional de Márquez es un activo real que podría ser visto con buenos ojos por sectores del chavismo originario o las Fuerzas Armadas que busquen negociar una salida.
La propuesta ha generado opiniones divididas entre figuras políticas. Ramon Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó la iniciativa como “interesante y constructiva”, argumentando que fomentar el encuentro en temas de interés nacional es lo esperado de los políticos demócratas. En contraste, la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju afirmó que los únicos temas que interesan a los venezolanos son el desmontaje de la estructura criminal en Miraflores, la elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y CNE, la libertad de los presos políticos y la convocatoria a elecciones este año con Machado como candidata. Por su parte, el exalcalde metropolitano Juan Barreto manifestó su apoyo a la iniciativa.
En cuanto a los detalles económicos del pacto, Márquez promueve el respeto a la propiedad privada y el levantamiento de las sanciones internacionales que afecten el funcionamiento del país. Asimismo, impulsa un proceso de reconciliación que incluya la revisión de causas judiciales y el cese de la persecución por motivos ideológicos.
Finalmente, Márquez aclaró que sus planteamientos no buscan fundar un partido político ni impulsar un movimiento propio. Aunque ha enviado el documento al interinato, a la Asamblea Nacional de 2015 y a Estados Unidos para recibir opiniones, aseguró que por el momento no pretende promover una candidatura presidencial ni ocupar cargos en el CNE. No obstante, Barone sugiere que el chavismo podría imponer un dilema futuro donde Machado sea excluida de los comicios, obligando a la oposición a evaluar otras candidaturas para lograr la salida definitiva del gobierno actual.
