¿Es posible que Colombia se retire fácilmente del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional? Esta es la pregunta que ha generado debate tras las revelaciones del director de 6AMW, Julio Sánchez Cristo. El periodista señaló que la Cancillería estaría analizando esta decisión y que, en La Haya, algunos ya darían por hecho el retiro del país de este acuerdo contra la impunidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Ante este panorama, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, ha salido al frente para descartar que este proceso sea simple. Ramelli recordó que el Estatuto de Roma, suscrito por Colombia en 1998, no es un tratado ordinario, sino que se encuentra incorporado en la Constitución Nacional. Debido a este marco legal, el magistrado sostiene que no bastaría la mera voluntad del presidente de turno o de alguno de sus ministros para formalizar la salida de la Corte Penal Internacional.
Además, Ramelli enfatizó que una eventual retirada no serviría como un escudo total. Según el magistrado, salir del tratado no anula las investigaciones que ya estén en curso ni impide que la CPI inicie procesos futuros sobre crímenes graves cometidos en Colombia antes de la fecha del retiro.
Como ejemplo, citó el caso de Filipinas, país que se retiró en 2018 con efectos en 2019. A pesar de ello, el expresidente Duterte enfrenta un juicio ante la CPI porque los hechos investigados sucedieron antes de la denuncia. Ramelli concluye que el retiro no es automático ni elimina la competencia de la Corte sobre los hechos pasados.
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