La salud pública en la provincia de Ferreñafe atraviesa una situación crítica y alarmante. Desde marzo de 2025, el Hospital Provincial de Ferreñafe ha dejado de operar en su infraestructura habitual para trasladar sus servicios a cuatro locales alquilados, los cuales, según denuncias del personal asistencial y evidencias visuales, carecen de las condiciones mínimas de salubridad, privacidad y equipamiento técnico necesarios para la atención de los pacientes.
La crisis alcanzó un punto de quiebre el pasado 10 de marzo de 2025, fecha en la que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) dispuso el cierre temporal del nosocomio principal. Esta medida fue tomada debido a que el establecimiento presentaba un "muy alto riesgo de inminente colapso". Lo más grave de esta situación es que, según señalan los trabajadores, este riesgo estructural no era una sorpresa; ya constaba en un informe municipal emitido en 2018. Esto implica que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque ignoró advertencias claras durante casi siete años, permitiendo que el edificio llegara a un estado de peligro extremo.
Diez días después del cierre, la Geresa implementó una solución provisional distribuyendo los servicios de salud en cuatro inmuebles alquilados en las zonas de Ferreñafe y Pueblo Nuevo. La distribución quedó establecida de la siguiente manera: en la calle Bolívar 720 funcionan los Programas de Salud; en Miguel Pasco 371, en Pueblo Nuevo, se concentran la Emergencia Gineco-Obstétrica y Pediatría; en Bolívar 119 opera la Emergencia Médica y cirugía; y finalmente, en Nicanor Carmona 236 se ubican los Consultorios Externos y la Oficina de Admisión.
Sin embargo, este traslado ha generado una profunda indignación entre el personal de salud. El reclamo central radica en que el sistema Inforhus registró el establecimiento bajo el nombre de “Centro de Salud Pueblo Nuevo”, asignándole una categoría I-3, en lugar de mantener su denominación de “Hospital Provincial de Ferreñafe” con categoría II-1. Los trabajadores denuncian que este cambio de categoría se realizó sin que mediara una resolución formal que lo sustente, lo que representa una degradación administrativa y operativa del servicio.
La precariedad de los locales es evidente. En el inmueble de la calle Bolívar, cuadra 1, donde funciona el Servicio de Emergencia, se ha perdido la capacidad quirúrgica y de hospitalización. Actualmente, los tópicos de medicina y cirugía comparten un espacio reducido con una zona de observación que cuenta con solo seis camas, divididas equitativamente entre varones y mujeres. Debido a la falta de quirófano, ya no se realizan operaciones en el lugar, obligando a derivar todos los casos quirúrgicos hacia un hospital en Chiclayo. Además, aunque el tiempo máximo de observación debería ser de seis horas, el personal revela que algunos pacientes permanecen allí durante días o incluso semanas, utilizando el área de emergencia como si fuera un hospital.
La falta de privacidad es otro punto crítico. En el local de Bolívar 720, el consultorio destinado a pacientes con tuberculosis (TBC) funciona dentro de una cochera, ubicada directamente junto a la puerta de entrada, exponiendo la condición de los pacientes. Por su parte, el local de la calle Nicanor Carmona, donde están los Consultorios Externos, también presenta deficiencias estructurales según los reportes del personal.
La situación más dramática se observa en el local de la calle Pasco, en Pueblo Nuevo. En el área de Observación Pediátrica, las camillas están pegadas unas a otras, separadas únicamente por cortinas azules que también ocultan ventanas con vidrios rotos. Se ha documentado la presencia de menores conectados a vías intravenosas y tanques de oxígeno en espacios hacinados, donde incluso madres deben compartir el colchón con sus bebés por la falta de cunas disponibles. El entorno es peligroso, con cables sueltos colgando del techo sin ninguna protección, situándose peligrosamente cerca de los pacientes.
Aunado a esto, el consultorio de Pediatría comparte ambiente con un enorme tanque cisterna que ocupa gran parte del espacio junto a la camilla de atención. Este tanque es indispensable ya que el local no cuenta con conexión regular al servicio público de agua, dependiendo de las cisternas enviadas periódicamente por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.
Ante este escenario, los trabajadores han remitido un memorial a Yonny Ureta Núñez, titular de la Geresa de Lambayeque. Invocando la Constitución, la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal ha calificado la reducción de categoría del hospital como un acto “doloso” y ha exigido la instalación inmediata de módulos prefabricados en un plazo no mayor a 72 horas para garantizar una atención digna y segura.
