El modelo económico implementado por el presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en una etapa de fuerte presión social. El pasado jueves 20 de agosto, miles de ciudadanos se concentraron en las calles de Buenos Aires para manifestar su rechazo a la situación económica actual, denunciando específicamente el aumento del endeudamiento en los hogares y el cierre masivo de empresas y pequeños negocios desde que el mandatario asumió la gestión.
Estas movilizaciones sociales ocurrieron en un momento simbólico, coincidiendo con la participación de Javier Milei en el Council of the Americas. Durante este encuentro, el presidente defendió ante una audiencia compuesta por empresarios y representantes del sector financiero el rumbo adoptado por su administración desde diciembre de 2023, el cual se basa en pilares de ajuste, desregulación y una apertura económica profunda.
Uno de los puntos más críticos señalados por el sector productivo es la drástica reducción del tejido empresarial. De acuerdo con un informe de Fundar, que utiliza datos actualizados hasta mayo de 2026, han desaparecido un total de 30.633 empresas, lo que representa el 6 % del total de compañías en el país. La gravedad de la situación se refleja en los datos mensuales: solo durante mayo de 2026, cerraron sus puertas 2.371 compañías, lo que arroja un promedio alarmante de 76 establecimientos que cesaron sus actividades diariamente.
El impacto de este cierre ha sido desigual según el rubro, aunque generalizado. El sector del comercio es el más afectado, registrando una pérdida de 8.408 empresas. Le siguen en descenso el área de transporte y almacenamiento con 6.733 cierres, los servicios inmobiliarios con 4.098 y la industria manufacturera con 4.020 establecimientos menos, según la información difundida por la agencia EFE.
Este colapso empresarial ha tenido un efecto directo en el mercado laboral. El Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) estima que, durante la gestión de Milei, se han perdido cientos de miles de empleos formales. Al mismo tiempo, diversos sectores empresariales han alertado sobre una caída sostenida en la demanda interna, lo que dificulta significativamente la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Paralelamente a la crisis productiva, el endeudamiento de las familias argentinas ha alcanzado niveles preocupantes. Datos del Banco Central argentino, citados por EFE, revelan que la morosidad de los préstamos otorgados a los hogares ascendió al 12,8 % en junio de 2026, una cifra que contrasta drásticamente con el 2,5 % registrado en octubre de 2024.
Los organizadores de la denominada “Marcha de los Deudores” denuncian que el crédito ha dejado de ser una herramienta para la inversión o la adquisición de bienes duraderos. Según los manifestantes, numerosas familias están obligadas a recurrir a las tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras digitales para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos, convirtiendo el crédito en un mecanismo de supervivencia para llegar a final de mes.
Más allá de las estadísticas, existe una creciente tensión social basada en la percepción de la distribución de los beneficios económicos. Un analista consultado indica que se ha consolidado una sensación en la ciudadanía de que únicamente la clase política cercana al círculo de Milei mantiene un buen nivel de vida, mientras que los trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios enfrentan dificultades crecientes para sostener sus ingresos.
Si bien esta percepción no constituye una medición estadística, representa el principal desafío político para el Gobierno: demostrar que la estabilización macroeconómica se traducirá eventualmente en una mejora real de las condiciones de vida de la población.
En su intervención ante los empresarios, el presidente Milei mantuvo su postura, defendiendo el programa económico y utilizando calificativos fuertes contra sus críticos. Asimismo, el mandatario vinculó la caída de la natalidad en Argentina con el feminismo y la legalización del aborto. Por su parte, Reuters ha documentado la determinación del Gobierno de profundizar las reformas de desregulación y reducir la intervención del Estado en la economía.
La administración oficial sostiene que la disciplina fiscal, la apertura económica y la reducción de la inflación son pasos obligatorios y necesarios para reconstruir la economía nacional tras años de desequilibrios. Sin embargo, el debate se ha trasladado de los indicadores técnicos a la realidad cotidiana. El éxito del programa económico comienza a evaluarse no solo por las cuentas del Estado, sino por la capacidad de las familias para alimentarse sin endeudarse y por la supervivencia de las empresas.
