Una grave situación ha salido a la luz en el seno de la Policía Nacional, donde se ha detectado la operatividad de una red criminal descrita como una "mafia de cédulas". Este esquema corrupto, que funcionaba en las entrañas de la institución, se dedicaba a la expedición irregular de documentos de identidad, un negocio ilícito que, según las primeras indagaciones, alcanza niveles jerárquicos elevados dentro de la estructura policial.
La investigación se centra en la emisión de cédulas de identidad paraguayas con contenido falso. Estos documentos fueron otorgados a una decena de ciudadanos extranjeros, entre los cuales se encuentran mayoritariamente personas de nacionalidad brasileña, referidas en la fuente como "rapais", así como algunos ciudadanos argentinos. El modus operandi consistía en el cobro de jugosas coimas, mediante las cuales los solicitantes aseguraban la obtención de un documento oficial que les permitiera acreditar una identidad falsa en territorio nacional.
Uno de los puntos más alarmantes de este caso es el perfil de los beneficiarios de estos documentos. Las indagaciones preliminares indican que muchos de los extranjeros que adquirieron estas cédulas cuentan con pesados antecedentes penales en sus respectivos países de origen. Esto implica que la red no solo cometió un delito administrativo y penal al falsificar documentos públicos, sino que facilitó que personas con historiales delictivos pudieran ocultar su verdadera identidad, evadiendo así los controles migratorios y judiciales.
El descubrimiento de este entramado ocurrió tras la solicitud de un pedido de informe dirigido al Departamento de Identificaciones. Este procedimiento administrativo permitió detectar las irregularidades en la expedición de los documentos, revelando que el proceso de otorgamiento de las cédulas no había seguido los canales legales y que los datos consignados en los papeles eran falsos. A partir de este hallazgo, el escándalo comenzó a expandirse, generando una fuerte conmoción en la cúpula de la institución policial.
Actualmente, el Departamento de Asuntos Internos es la unidad encargada de liderar la investigación. Los agentes de este departamento se encuentran tras la pista de todos los involucrados para determinar la magnitud total del negociado y cuántas personas más pudieron haberse beneficiado de este sistema de venta de documentos al mejor postor. La prioridad de la investigación es desmantelar completamente el esquema y llegar a los responsables directos de la gestión de los pagos y la emisión de los papeles.
La repercusión de este caso ha llegado hasta los niveles más altos de mando. Debido a que el esquema salpica a jefes policiales, la cúpula de la institución se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Como parte del proceso de investigación, ya han sido citados diversos altos jefes policiales, incluyendo a comisarios e inspectores. Estas autoridades han sido llamadas a prestar declaración y a "cantar todo lo que saben", con el objetivo de identificar a cada uno de los eslabones que formaban parte de esta organización interna.
El impacto de esta revelación pone de manifiesto una falla grave en los controles internos del Departamento de Identificaciones, permitiendo que la expedición de un documento tan sensible como la cédula de identidad fuera objeto de transacción económica ilegal. La implicación de inspectores y comisarios sugiere que la mafia contaba con el respaldo o la complicidad de personas con capacidad de decisión y supervisión, lo que facilitaba la omisión de los requisitos legales para la naturalización o la obtención de documentos de identidad.
La investigación continúa abierta, mientras Asuntos Internos analiza la documentación y los testimonios de los citados para esclarecer el flujo del dinero y la cantidad exacta de documentos truchos que circularon gracias a este esquema. La meta final es la desarticulación total de esta red que vulneró la seguridad documental del Estado en beneficio de intereses económicos personales de funcionarios policiales.
