En el marco de los lineamientos operativos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, fuerzas de seguridad llevaron a cabo un procedimiento judicial en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. El operativo fue ejecutado por personal especializado del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), quienes allanaron la vivienda de un ciudadano señalado por difundir contenidos violentos a través de la plataforma digital "X".
La intervención se originó a raíz de la detección de diversas publicaciones en la red social anteriormente conocida como Twitter, en las cuales el usuario realizaba posteos violentos y llamados explícitos a la violencia dirigidos contra personas que profesan la religión judía. Estas acciones desencadenaron una serie de pasos procesales destinados a identificar y localizar al responsable de tales manifestaciones de odio.
La investigación judicial fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, la cual se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Guillermo Marijuan, contando con el apoyo de la Secretaría de la Dra. Georgina Cachenelensson. El proceso tuvo su punto de partida en enero del corriente año, momento en el cual la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes. La entidad había detectado un patrón de comportamiento agresivo por parte de un usuario de "X", quien emitía múltiples amenazas y expresiones de incitación a la violencia con un claro carácter antisemita contra la colectividad judía.
Para dar respuesta a la denuncia, el caso fue asignado a los detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Los agentes llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de análisis de datos y ciberpatrullajes, empleando para ello herramientas avanzadas de OSINT (Open Source Intelligence), que consisten en la inteligencia de fuentes abiertas. Gracias a este despliegue técnico, los investigadores lograron determinar que las amenazas eran emitidas por una persona del sexo masculino a través de diversas redes sociales.
Durante el análisis del perfil y las actividades del sospechoso, los peritos constataron que el individuo manifestaba una marcada afinidad hacia contenidos de proselitismo islámico, así como sentimientos de odio y discriminación hacia la comunidad judía. Más alarmante aún fue la detección de material relacionado con la glorificación de actos terroristas y contenidos compatibles con la idealización de la figura de un atacante activo, lo que elevó la preocupación de las autoridades sobre el riesgo potencial que representaba el sujeto.
A través de los rastreos digitales y el cruce de información, los investigadores lograron establecer que el sujeto residía en un inmueble ubicado en la localidad de Mariano Acosta, dentro del partido de Merlo. Con el conjunto de pruebas y datos aportados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, se solicitó la intervención judicial para proceder con el allanamiento de la finca.
La orden para ejecutar la entrada y registro del domicilio fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, que se encuentra interinamente a cargo del Dr. Daniel Rafecas y la Secretaría N° 11 de la Dra. Paula Sanz. Una vez obtenida la autorización legal, el personal de la PFA procedió a ingresar a la propiedad.
Durante el desarrollo del operativo, se procedió a la imputación de un sujeto de nacionalidad argentina y mayor de edad, quien fue acusado formalmente por el delito de "amenazas". En el lugar, las fuerzas de seguridad realizaron el secuestro de elementos tecnológicos clave para la causa, específicamente un teléfono celular y una computadora, dispositivos que presuntamente fueron utilizados para la difusión de los mensajes violentos y el acceso a los contenidos de odio.
Finalmente, todos los elementos secuestrados durante el allanamiento quedaron a disposición del magistrado interventor. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a las pericias correspondientes y se aguardan las actuaciones procesales de rigor para determinar la profundidad del accionar del imputado y el alcance de sus actividades en el entorno digital.
