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El tribunal de Shenzhen ha dictado sentencia en primera instancia contra Xu Jiayin, el fundador del gigante inmobiliario Evergrande —reconocido en el ámbito internacional como Hui Ka Yan—, condenándolo a cadena perpetua. Además de la privación definitiva de su libertad, la justicia ha ordenado la confiscación total de su patrimonio personal, cerrando así uno de los capítulos más complejos de la crisis financiera en China.
El fallo judicial declara a Xu Jiayin culpable de una serie de delitos graves que incluyen la falsificación de información financiera, la emisión fraudulenta de valores, el desfalco y la comisión de sobornos. El empresario, quien llegó a ocupar la cima de la lista de las grandes fortunas de China, se encontraba bajo arresto domiciliario desde finales de 2023 y admitió su culpabilidad en abril, expresando su arrepentimiento ante las autoridades.
La sentencia no solo ha impactado al fundador, sino que ha impuesto sanciones económicas masivas a las entidades corporativas involucradas. El tribunal ha fijado una multa de 8.820 millones de yuanes (aproximadamente 1.311 millones de dólares o 1.122 millones de euros) para Evergrande Group. Por su parte, la principal filial del grupo, Evergrande Real Estate, ha sido sancionada con 7.000 millones de yuanes (1.040 millones de dólares u 891 millones de euros).
El proceso judicial ha afectado a una amplia red de directivos. En total, se han dictado 56 sentencias relacionadas con esta causa, con condenas que comienzan en un año y diez meses. Entre los condenados destacan cinco altos ejecutivos que recibieron penas comprendidas entre los seis y los dieciocho años de prisión. Entre ellos se encuentran Zhen Litao, quien se desempeñó como presidente de Evergrande Real Estate, y Ke Peng, exconsejero delegado de Evergrande Group.
Según el comunicado oficial del tribunal, las actividades delictivas se concentraron principalmente entre los años 2016 y 2021. Durante este periodo, Evergrande Group, Evergrande Real Estate y el propio Xu Jiayin vulneraron sistemáticamente la legislación nacional. A través de una falsificación financiera continuada y de gran escala, las entidades inflaron sus activos y ocultaron pasivos, lo que derivó en la captación ilegal de depósitos públicos, financiación fraudulenta, emisión engañosa de valores y una divulgación irregular de la información financiera.
La investigación judicial determinó que el fundador y la empresa utilizaron sobornos y otros medios ilícitos para obtener el control de entidades financieras. Estos mecanismos permitieron desviar fondos de seguros y créditos para el uso exclusivo de Evergrande, incurriendo en delitos de concesión ilegal de préstamos, utilización indebida de fondos y soborno corporativo. Asimismo, se concluyó que Xu Jiayin abusó de su cargo como presidente de Evergrande Real Estate para orquestar fraudes contables y apropiarse de bienes de la compañía, camuflando estas acciones bajo la apariencia de repartos de dividendos.
La Justicia ha ordenado la recuperación de todas las ganancias obtenidas ilícitamente. El tribunal estableció que, en caso de que dichos fondos no sean suficientes para resarcir los daños causados, los condenados deberán indemnizar la diferencia económica. La sentencia enfatiza que estas conductas perturbaron gravemente el orden de la economía de mercado socialista, lesionaron derechos de propiedad tanto públicos como privados y atentaron contra la integridad de los funcionarios públicos. Debido al volumen del delito y las pérdidas económicas, la corte consideró necesaria la imposición de castigos severos.
La relevancia nacional del caso quedó evidenciada por la asistencia a la lectura del fallo de diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh).
Evergrande, que se convirtió en el símbolo de la crisis inmobiliaria asiática, cayó en impago en 2021 tras enfrentar una crisis de liquidez provocada por las restricciones impuestas por Pekín a las promotoras con excesivo apalancamiento. Con un pasivo cercano a los 330.000 millones de dólares, la compañía fue intervenida por las autoridades.
En el plano internacional, un tribunal de Hong Kong ordenó en enero de 2024 la liquidación de la promotora para beneficiar a sus acreedores offshore, aunque este proceso sigue siendo incierto debido a la separación del sistema judicial hongkonés respecto al de China continental. Finalmente, el escándalo financiero ha revelado que la filial principal infló más de 78.000 millones en ingresos y 12.700 millones en beneficios, una cifra que supera veinte veces la magnitud del fraude de Enron en 2001. Este hecho llevó a una sanción de 578 millones de dólares para la filial y a la suspensión temporal de la consultora PwC por sus fallos en la auditoría.
