La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá dio inicio formal, este lunes, a las vistas presupuestarias correspondientes a las diversas entidades que deben sustentar sus asignaciones financieras dentro del Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2027. Este ambicioso proyecto presupuestario presenta una cifra global que supera los 35 mil millones de dólares, lo que implica un proceso de revisión exhaustivo por parte de los legisladores para asegurar la correcta distribución de los recursos públicos.
En el arranque de estas sesiones de sustentación, la primera entidad convocada para comparecer ante los diputados fue el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, mejor conocido como Siacap. Durante su intervención, la institución presentó una solicitud de fondos que asciende a aproximadamente 1.9 millones de dólares para el periodo 2027. No obstante, esta cifra fue contrastada con la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ente rector de las finanzas públicas, el cual recomendó que la asignación para el Siacap sea de 1.8 millones de dólares, evidenciando una diferencia en las expectativas presupuestarias entre la entidad y el ministerio.
A pesar de que la cifra global solicitada por el Siacap es relativamente pequeña en comparación con el presupuesto general del Estado, el debate en la Comisión de Presupuesto se intensificó significativamente al abordar un punto específico de la solicitud: la propuesta de incrementar las dietas percibidas por los integrantes del Consejo de Administración del Siacap. Actualmente, dichos miembros reciben un monto de 300 dólares por su participación en la reunión mensual, y la entidad ha solicitado que dicha cifra sea elevada a 500 dólares.
Este punto generó una reacción inmediata por parte del diputado Luis Duke, quien centró sus interrogantes en los criterios técnicos y administrativos utilizados para proponer un incremento de 200 dólares por sesión. El legislador enfatizó la necesidad de una justificación sólida, basando su preocupación en el hecho de que varios de los integrantes del consejo de administración son ministros de Estado, representantes de ministerios o poseen otros cargos como funcionarios públicos, quienes ya perciben remuneraciones por sus funciones oficiales.
En su intervención, el diputado Duke fue enfático al señalar que no había escuchado una explicación satisfactoria sobre el motivo del aumento. “Tiene que haber una justificación del aumento de 300 a 500. Todavía no la he escuchado. Me gustaría escucharla con propiedad, más allá de que me diga que la ley lo permite”, manifestó el diputado durante el careo con los representantes de la institución.
Un punto clave en la discusión fue la interpretación de la normativa vigente. El diputado Duke reconoció explícitamente que la norma presupuestaria permite que se paguen hasta 500 dólares por concepto de dietas. Sin embargo, argumentó que el hecho de que exista un tope legal no justifica automáticamente que se solicite el monto máximo. Según el legislador, mientras que la ley establece el techo, es la institución la que define el piso y el monto real a solicitar, por lo que el Siacap debía explicar la razón detrás de querer alcanzar el límite permitido por la norma. “Aquí estamos hablando de un aumento al máximo, al tope, como le dije. Hay un techo, pero el piso lo colocan ustedes. ¿Qué justifica ese aumento?”, cuestionó Duke.
Ante estos cuestionamientos, Rolando Mejía, secretario ejecutivo del Siacap, procedió a defender la solicitud argumentando la complejidad de las tareas que desempeñan los integrantes del consejo. Según Mejía, los miembros de este órgano administrativo tienen la responsabilidad de evaluar proyectos, revisar actas y analizar diversas recomendaciones fundamentales para la correcta administración y operatividad del sistema de pensiones.
Para contextualizar la relevancia de la entidad bajo análisis, el Siacap es un sistema que funciona como un complemento a la pensión de jubilación de los servidores públicos panameños. Actualmente, cuenta con una base de más de 614 mil afiliados y administra un patrimonio valorado en 1,067 millones de dólares. El funcionamiento financiero de este sistema se basa en un esquema de aportes obligatorios, donde cada servidor público afiliado contribuye con un porcentaje equivalente al 2 % de su salario bruto.
