La Ley Karin ha regresado al centro del debate público en Chile. Tras dos años de vigencia, la normativa diseñada para combatir el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo enfrenta una etapa de análisis. Mientras una parte del Parlamento propuso suspender su aplicación debido al volumen de casos que debe resolver la Inspección del Trabajo, el Gobierno ha determinado que ya existe material suficiente para analizar, corregir y complementar el sistema.
El balance actual revela una paradoja operativa. Si bien se han incrementado las herramientas para que los trabajadores denuncien conductas abusivas, esto ha puesto en evidencia una dificultad práctica: los tiempos de investigación. Actualmente, un procedimiento puede extenderse entre seis y nueve meses. Esta demora genera un impacto negativo para todas las partes; el denunciante debe esperar un tiempo prolongado por una resolución en un entorno ya deteriorado, mientras que el empleador y el equipo de trabajo mantienen un conflicto abierto sin un desenlace claro.
Ante este escenario, el Gobierno prepara modificaciones reglamentarias. Edmundo Novoa, seremi del Trabajo en Ñuble, explicó que el objetivo no es modificar el núcleo de la ley ni reducir las sanciones, sino introducir filtros y herramientas que permitan concentrar la capacidad investigativa en los casos que efectivamente correspondan al marco de la normativa.
El diagnóstico a nivel nacional es revelador. Desde que la ley entró en vigor, se han contabilizado alrededor de 74 mil denuncias. Sin embargo, los antecedentes de la autoridad laboral indican que más del 40% de estas presentaciones no corresponden a conductas comprendidas en el marco sancionatorio de la Ley Karin, incluyendo quejas por malas evaluaciones de desempeño.
En la región de Ñuble, el comportamiento de las cifras aporta datos relevantes. De las cerca de 390 denuncias registradas, aproximadamente 40 fueron desestimadas o retiradas. No obstante, en el 48% de los casos que siguieron adelante se constató la existencia de conductas de acoso o violencia, lo que demuestra que el sistema no está simplemente sobrecargado de denuncias improcedentes, sino que hay una base real de conflictos que requieren resolución.
Para optimizar el proceso, la autoridad propone dos cambios principales. El primero consiste en exigir que, al presentar la denuncia, se entreguen antecedentes o medios de prueba iniciales, tales como correos electrónicos, mensajes, fotografías o una nómina de testigos. Esta medida busca evitar la apertura de procesos infundados. Sin embargo, la autoridad reconoce el desafío de que esta exigencia no se convierta en una barrera, ya que no todos los conflictos dejan rastro digital ni cuentan con testigos dispuestos a declarar desde el primer momento.
El segundo cambio apunta a la incertidumbre procesal. Se pretende implementar un sistema de trazabilidad mediante un número de caso confidencial, permitiendo que tanto el trabajador como el empleador consulten el avance de la investigación en la Inspección del Trabajo, aportando transparencia al proceso. Estas modificaciones deberán ser revisadas por la Contraloría General de la República y se espera que entren en vigencia en los próximos años, coincidiendo con nuevas normas de prevención de riesgos psicosociales previstas para noviembre de 2026.
Asimismo, el análisis regional en Ñuble ha revelado una brecha entre las zonas urbanas y rurales. Mientras Chillán concentra la mayor cantidad de denuncias, en las comunas rurales los casos son menores. Roberto Aguirre, director regional del Trabajo, advierte que esto no implica menor acoso, sino que puede deberse al desconocimiento de los mecanismos o al temor a perder el empleo, especialmente en microempresas y trabajos de temporada.
Respecto al perfil de los denunciantes, las mujeres representan el 60% de los casos generales. En el ámbito del acoso sexual, la cifra asciende a más del 90% de denunciantes mujeres, siendo los denunciados mayoritariamente hombres. Además, se ha destacado la figura de la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, como clientes que agreden a trabajadores.
Finalmente, la ley ha generado un cambio cultural. Según Aguirre, los trabajadores ya no tienen la misma tolerancia al maltrato y son más conscientes de sus derechos. Aunque el balance es visto como positivo por figuras como el senador Gustavo Sanhueza —quien sugiere discutir sanciones para denuncias inoficiosas—, el mundo sindical, representado por Manuel Chávez de la CUT, insta a que cualquier modificación mantenga el espíritu del Convenio 190 de la OIT y no restringa el acceso a la protección laboral.
