Diecisiete años después de los hechos que marcaron el denominado "caso Terrorismo", tres de las personas afectadas han decidido retornar a la justicia boliviana para buscar respuestas y responsabilidades penales. Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Cejas presentaron una denuncia formal contra 153 personas por los sucesos vinculados al operativo policial llevado a cabo el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz.
El camino hacia esta nueva acción legal ha sido complejo para los denunciantes, quienes vivieron experiencias traumáticas y diversas durante casi dos décadas. Según explicó el abogado Gary Prado, quien formó parte de la defensa en el proceso original y ahora representa a los afectados, las trayectorias de las víctimas reflejan el impacto del caso. Juan Carlos Guedes pasó 11 años bajo detención preventiva, mientras que David Cejas vivió cerca de 11 años en el exilio en Brasil. Por su parte, Alfredo Saucedo permaneció ocho años en la clandestinidad antes de ser capturado y sometido al proceso judicial. Además, Saucedo arrastra hasta la fecha casi 20 años con una medida de arraigo, atribuida a errores administrativos en el armado del caso.
A pesar de la determinación de los denunciantes, la acción legal en Bolivia enfrenta obstáculos inmediatos. El abogado Prado señaló que la denuncia presenta defectos tanto de forma como de fondo, razón por la cual la Fiscalía ha otorgado un plazo de 24 horas para subsanar las observaciones correspondientes. No obstante, el jurista enfatizó que, más allá de los tecnicismos procesales, el objetivo central de la acción es la búsqueda de justicia.
Prado sostuvo que el Estado boliviano no debería delegar la responsabilidad de iniciar estas investigaciones a las propias víctimas. Afirmó que ya existen antecedentes y recomendaciones previas que sugieren investigar posibles responsabilidades penales. En ese sentido, planteó que si dichos informes fueron remitidos al Ministerio Público, corresponde que se abra una investigación formal en Santa Cruz. Asimismo, manifestó la total disposición de los denunciantes para colaborar con la Fiscalía, asegurando que poseen información valiosa que podría ser difícil de recabar después de 17 años.
Paralelamente a los esfuerzos en el ámbito nacional, el proceso ha escalado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta instancia internacional, otras víctimas y familiares buscan respuestas sobre el operativo del Hotel Las Américas, donde perdieron la vida Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa Flores. Durante años, la versión oficial del Estado boliviano fue que el grupo murió al ofrecer resistencia armada durante la intervención policial.
Sin embargo, este escenario ha dado un giro significativo. El abogado Gary Prado reveló que la Procuraduría General del Estado modificó la postura histórica de Bolivia. El actual Procurador reconoció la existencia de ejecuciones extrajudiciales y, en un movimiento determinante, la institución no presentó pruebas de descargo para defender la actuación del Estado en aquel operativo. Para la defensa, este hecho representa un reconocimiento público por parte del Estado sobre las violaciones de derechos humanos que las víctimas denunciaron durante años.
En cuanto a los tiempos procesales internacionales, Prado informó que la sesión de la Corte Interamericana, inicialmente prevista para septiembre, fue postergada hasta noviembre, quedando aún pendiente la definición del lugar donde sesionará el tribunal. El abogado considera probable que Bolivia sea condenada internacionalmente, lo que obligaría al Estado a realizar reparaciones materiales e inmateriales, además de impulsar investigaciones sobre las responsabilidades individuales.
Cabe recordar que la Comisión Interamericana ya había recomendado en 2021 el inicio de procesos penales contra los responsables, sugerencia que no fue atendida por la administración gubernamental anterior. Además de este proceso, existen otras peticiones ante el Sistema Interamericano relacionadas con el caso Terrorismo que podrían derivar en nuevas acciones contra el Estado boliviano.
Finalmente, el abogado Gary Prado planteó una reflexión sobre la viabilidad de la denuncia interna. Cuestionó la inclusión de 153 personas en la acción legal, sugiriendo que una investigación seria deberá determinar las responsabilidades de manera individual. A su criterio, es improbable que todas las personas denunciadas tengan responsabilidad penal y será necesario establecer qué hechos pueden ser investigados y cuáles han prescrito legalmente.
