El Gobierno de Colombia ha comenzado a trazar la hoja de ruta para enfrentar el desafío de la recuperación económica tras el trágico terremoto ocurrido el pasado lunes. La tragedia, que hasta el momento ha dejado un saldo de al menos 285 personas fallecidas, ha obligado a las autoridades a transitar desde la fase crítica de rescate de víctimas hacia la planificación de la reconstrucción de la infraestructura y el tejido productivo del país.
Ante la magnitud de la situación, el presidente Abelardo de la Espriella declaró formalmente la emergencia económica el pasado miércoles. A través de esta medida, el mandatario busca implementar acciones inmediatas para mitigar el impacto financiero de la catástrofe, aunque ha reconocido que todavía no se dispone de una imagen completa de la devastación total.
Los datos preliminares proporcionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres revelan la gravedad de los daños materiales. Según el reporte, más de 12.000 viviendas han sido destruidas totalmente y otras 74.000 presentan diversos niveles de avería. En cuanto a la infraestructura pública, el sector educativo es el más golpeado, con más de 2.000 centros de enseñanza afectados.
Desde el ámbito técnico, Jhorland Ayala García, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Colombia, señaló que es prematuro dar una cifra exacta sobre el costo total esperado. No obstante, al analizar los antecedentes de los sismos ocurridos en 1983 y 1999, Ayala estimó que el costo económico de esta tragedia podría superar el 1 % del producto bruto interno (PBI) del país.
En contraste, un informe de la consultora Oxford Economics ofrece una visión más moderada. El economista senior para América Latina de dicha firma, Tim Hunter, indicó que las primeras estimaciones apuntan a repercusiones macroeconómicas menores, situando el impacto entre el 0,2 % y el 0,4 % del PBI. Hunter sugiere que este efecto negativo probablemente sea compensado por el incremento del gasto público destinado a la recuperación y la reconstrucción, lo que a su vez equilibraría el ligero descenso en la demanda privada. Debido a esto, la firma mantuvo sus previsiones de crecimiento del PBI en un 3 % para 2026 y un 2,5 % para 2027.
En concordancia con esta visión, el investigador Ayala coincidió en que los planes de reconstrucción podrían generar un impulso al crecimiento económico y a la creación de empleo, mejorando las perspectivas de corto plazo. Asimismo, Oxford Economics reafirmó su previsión de inflación interanual del 6,2 % para finales de 2026, argumentando que no se prevén problemas graves en el flujo de suministros ni un debilitamiento sustancial de la demanda general.
Respecto al impacto demográfico y geográfico, el Servicio Geológico estadounidense estima que la proporción de la población gravemente afectada no superaría el 2 % del total nacional. Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, fue una de las zonas más impactadas, mientras que en Bogotá y Medellín los daños fueron reportados como menores.
Un punto crítico de seguimiento es la cadena de producción de café, pilar de la economía y la identidad cultural colombiana. Colombia es el tercer mayor productor mundial, aportando el 7 % de los granos globales. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, informó que, si bien el puerto de Buenaventura no sufrió daños considerables, se han realizado inspecciones de seguridad y se presentaron bloqueos en algunas vías de acceso. No obstante, aseguró que los despachos desde Cartagena y Santa Marta continúan con normalidad. Bahamón añadió que la Federación se encuentra en el terreno evaluando finca por finca y vivienda rural para determinar la dimensión real de los daños y apoyar a las familias afectadas.
Para enfrentar esta crisis, el presidente De la Espriella adelantó un plan de reactivación que incluye alivios temporales en el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron su hogar, alivios tributarios y financieros, así como apoyos económicos para familias vulnerables, comerciantes y pequeños empresarios. Además, anunció la creación del "Fondo Milagro", un mecanismo diseñado para canalizar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, vías y aeropuertos.
Finalmente, el desafío fiscal se perfila como el punto más complejo. El investigador Ayala advirtió que esta emergencia pone en riesgo la promesa presidencial de bajar el déficit y sanear las cuentas públicas, dificultando el mantenimiento de un gobierno austero. Aunque sugirió que es posible ajustar el presupuesto de 2027 y reasignar partidas sin incrementar el monto de 575 billones de pesos, subrayó que será fundamental la participación fiscal y la capacidad de endeudamiento de municipios y departamentos. Por su parte, Oxford Economics adelantó que probablemente ajustará sus previsiones del déficit al alza, el cual actualmente estiman en 7,1 % del PBI para este año y 5,5 % para 2027.
