Los medios de comunicación oficialistas de Nicaragua publicaron este miércoles, 12 de agosto de 2026, una serie de fotografías, un video y una entrevista que muestran en su domicilio al obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata. La difusión de este material ocurre luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera formalmente al gobierno nicaragüense información detallada sobre el paradero del religioso de 80 años.
Durante la entrevista, concedida al periodista y diputado sandinista Adolfo Pastrán, director del programa Informe Pastrán TV, el jerarca católico manifestó que "se siente bien". Estas imágenes representan la primera evidencia pública del estado del obispo tras un periodo de incertidumbre sobre su situación actual.
La detención de Juan Abelardo Mata se produjo el pasado 29 de junio. El arresto fue ejecutado por agentes policiales como una medida de represalia debido a una misa celebrada en la iglesia Cruz del Calvario, ubicada en la ciudad de Estelí, al norte del país. Durante dicha ceremonia, el obispo había solicitado a los fieles elevar oraciones por la Iglesia católica, a la que describió como perseguida, y realizó una mención expresa al obispo Rolando Álvarez, quien ha sido desnacionalizado y excarcelado.
La situación del obispo emérito ha generado una respuesta coordinada de organismos internacionales. El pasado martes, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se amplíen las medidas provisionales en favor de Mata para garantizar su integridad. Esta acción se suma a un historial de protección internacional, ya que la Comisión había otorgado medidas cautelares a favor del religioso en 2021. En aquel momento, se confirmó que el obispo era blanco de una serie de mensajes de descrédito y descalificación, además de enfrentar actos de hostigamiento, intimidación, agresiones, amenazas de muerte y persecución en territorio nicaragüense.
Anteriormente, el 4 de julio, el Ministerio del Interior había informado que el octogenario obispo había sido enviado a su casa. Esta decisión se tomó luego de que Estados Unidos exigiera su liberación de manera "inmediata e incondicional". Sin embargo, se presume que Mata permaneció bajo un régimen de "casa por cárcel". Aunque el Ministerio del Interior señaló que el religioso se encontraba bajo un proceso de "indagación", hasta la publicación de los medios oficialistas no existía información independiente que permitiera verificar fehacientemente su paradero o el estado de su salud.
Este caso se inserta en un contexto de hostilidad sistemática hacia la Iglesia católica en Nicaragua. Desde 2018, la CIDH ha documentado un patrón de afectaciones contra sacerdotes, obispos, personas religiosas y laicos. Este patrón incluye actos de vigilancia, restricciones severas al ejercicio del culto, detenciones arbitrarias, expulsiones del país, la privación arbitraria de la nacionalidad, el cierre forzado de congregaciones, la confiscación de bienes y otras represalias derivadas del ejercicio de la libertad de religión.
Las tensiones diplomáticas han alcanzado niveles críticos, resultando en la suspensión oficial de las relaciones entre el Vaticano y Managua desde marzo de 2023. En esa misma fecha, el papa Francisco calificó al gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, como una "dictadura grosera". Estas declaraciones surgieron un mes después de que el obispo Rolando Álvarez fuera condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por el delito de "traición a la patria", encontrándose actualmente exiliado y desnacionalizado.
En respuesta a las posturas vaticanas, el presidente Ortega disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, la orden religiosa a la que pertenece el sumo pontífice, y ha calificado a la Iglesia católica como una "mafia" y una institución antidemocrática.
La magnitud de la persecución religiosa queda reflejada en el informe 'Fe bajo fuego' de la organización de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más. Según este documento, al menos 261 religiosos han sido desterrados del país, incluyendo al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, como consecuencia de las políticas de persecución contra la institución eclesiástica.
