Representantes destacados del sector pesquero y el ámbito empresarial de la provincia de Chiriquí han manifestado una profunda preocupación ante lo que consideran una grave falta de participación de las fuerzas vivas locales en una iniciativa gubernamental orientada a la protección de los manglares de la región. La controversia surge a raíz de un proceso de consulta pública impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el cual busca definir aspectos técnicos y legales fundamentales para el ecosistema costero.
El punto central de la disputa es un borrador de resolución emitido por MiAMBIENTE. Este documento propone el establecimiento formal de los límites del Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo. Según la información oficial, el periodo de consulta pública para que los ciudadanos y sectores interesados presenten sus observaciones inició el pasado 14 de julio y tiene como fecha de cierre el próximo 14 de agosto de 2026.
A pesar de la existencia de este marco temporal, los sectores consultados en la provincia de Chiriquí han cuestionado duramente la metodología implementada por la entidad gubernamental. La principal crítica radica en que no se llevaron a cabo reuniones previas con las personas y grupos que podrían resultar directamente afectados por la delimitación de estas áreas. Para los representantes locales, la ausencia de un diálogo presencial y previo ha dejado un vacío de comunicación significativo entre el Estado y la comunidad.
Sumado a la falta de reuniones presenciales, los sectores afectados denuncian que la participación en la consulta pública está restringida exclusivamente a la vía digital. Esta decisión ha sido calificada como una barrera excluyente, especialmente para aquellos trabajadores cuyos oficios se desarrollan en el entorno natural y no cuentan con las herramientas o el acceso constante a plataformas tecnológicas.
Alejandro Vásquez, quien se desempeña como presidente de la organización Pescadores Unidos de Chiriquí, fue enfático al señalar la marginación de su gremio en este proceso. Vásquez expresó que, desafortunadamente, tanto el sector pesquero como los concheros no tienen acceso a los medios digitales requeridos para participar en la consulta pública, lo que en la práctica significa que han quedado fuera de la toma de decisiones sobre un territorio que es su fuente de sustento.
La preocupación de Vásquez no es solo procedimental, sino también socioeconómica. El dirigente advirtió sobre el impacto potencialmente devastador que podría tener la resolución si se implementa sin considerar la realidad del campo. Según detalló, existen más de 200 familias en la región que dependen directamente de la actividad de los concheros, quienes acuden diariamente a los manglares para la recolección de conchas, actividad que constituye el motor económico de decenas de hogares chiricanos.
Desde la perspectiva empresarial, la sorpresa y el descontento son similares. Felipe Rodríguez, empresario de la zona, manifestó que el sector privado se enteró de la existencia de esta iniciativa recientemente, evidenciando una falla en la difusión de la información. Rodríguez subrayó que no hubo ninguna consulta previa con la gobernanza chiricana ni con las diversas fuerzas vivas que componen la estructura social y económica de la provincia.
El empresario Rodríguez señaló además que existe un desconocimiento generalizado sobre el origen de la propuesta relacionada con los manglares. Para el sector empresarial, resulta preocupante que una iniciativa de tal magnitud, que afecta la delimitación de recursos naturales en Alanje, David y San Lorenzo, haya surgido sin un proceso de socialización previo que permitiera conocer y discutir los alcances de la propuesta con los actores locales.
En resumen, los sectores productivos de Chiriquí demandan una revisión de la forma en que MiAMBIENTE está conduciendo este proceso. Consideran que la protección ambiental no debe estar reñida con la inclusión social y que, para que una resolución sobre los manglares sea efectiva y justa, debe nacer de un consenso que incluya a quienes viven y trabajan en esas zonas, superando la barrera de la digitalidad y fomentando el diálogo directo.
