La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) ha manifestado un posicionamiento firme y categórico ante la actual coyuntura política y la crisis laboral que afecta al sector sanitario en El Salvador. A través de una concurrida conferencia de prensa celebrada el 12 de agosto de 2026, la dirigencia de la organización expuso tres ejes fundamentales que consideran de trascendencia nacional: el respaldo a una propuesta política independiente, el seguimiento de denuncias internacionales y la exigencia del cese de vulneraciones laborales.
En el ámbito político, la dirección de CONADESA anunció oficialmente su decisión de respaldar la candidatura ciudadana del Dr. Rafael Aguirre y la Licda. Madaí Santos para los comicios generales del año 2027. Según los voceros de la organización, esta propuesta no es una iniciativa aislada, sino que surge directamente desde las bases de la clase trabajadora y de las diversas luchas sociales. El objetivo de apoyar a Aguirre y Santos es garantizar que las aspiraciones de los profesionales de la salud y del pueblo salvadoreño tengan una representación genuina.
La organización subrayó que esta participación política busca establecer una voz crítica y propositiva en el escenario nacional. El propósito central de esta candidatura es luchar por la defensa del sistema de salud pública y asegurar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todos los empleados estatales, quienes, según la gremial, han sido relegados en las agendas actuales.
Simultáneamente, CONADESA presentó un informe detallado sobre sus acciones de incidencia en el plano internacional. La organización informó sobre los avances en el seguimiento de los casos de vulneración a los derechos laborales y a la libertad sindical que han sido presentados formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. Para la coordinación, la visibilización de estos casos en el fuero internacional ha sido clave para alertar a los organismos fiscalizadores sobre la persecución gremial que se vive en el país.
En este sentido, la organización reafirmó que no desistirá en su empeño de exigir que el Estado salvadoreño cumpla con los convenios internacionales ratificados en materia de trabajo y sindicación, instando a las autoridades a alinearse con los estándares globales de derechos humanos laborales.
Otro punto crítico abordado durante la conferencia fue la situación de los trabajadores del Hospital Nacional Rosales. Representantes del personal afectado denunciaron haber sido víctimas de despidos arbitrarios. Además, señalaron que las autoridades han implementado un sistema de indemnizaciones fraccionadas e incompletas. CONADESA calificó estas prácticas como una ilegalidad abierta, argumentando que la liquidación de los pasivos laborales se está realizando muy por debajo de lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo y en el Código de Trabajo vigente. Esta situación ha dejado en una condición de vulnerabilidad económica a profesionales que dedicaron años de su vida al servicio de la salud pública.
La crisis laboral no se limita al hospital mencionado. La Coordinadora puso especial énfasis en las violaciones reportadas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Según los datos presentados por CONADESA, desde el año 2024, el ISSS acumula cerca de 1,500 despidos, supresiones de plazas y ceses injustificados. Ante este escenario, la organización elevó un pliego de exigencias de cumplimiento inmediato dirigido al ISSS, al Ministerio de Trabajo y a las instituciones responsables de velar por los derechos laborales.
A través de un comunicado oficial, CONADESA recordó que la existencia de los sindicatos tiene como fin fundamental proteger los derechos, el bienestar y los intereses económicos de los trabajadores. La dirigencia hizo hincapié en que las mejoras laborales alcanzadas históricamente han sido el resultado de la unidad y la negociación colectiva, procesos que actualmente se ven amenazados.
La intervención concluyó con una declaración donde la coordinación sostuvo que la dignidad laboral no es objeto de negociación. La organización aseguró que se mantendrá vigilante, movilizada y firme en la defensa de la clase trabajadora salvadoreña hasta que todas sus demandas sean escuchadas y resueltas de manera integral por el Estado.
