El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha emitido un pronunciamiento crítico tras identificar diversas inconsistencias en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027. Este documento presupuestal fue radicado el pasado 29 de julio, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. Según el organismo de vigilancia, el gasto proyectado no guarda coherencia con las metas establecidas en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026, ni con las fuentes de financiación que se habían previsto originalmente.
De acuerdo con el CARF, estas discrepancias ponen en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal del país. El PGN 2027, presentado en su momento por el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, asciende a un total de COP 575,7 billones, lo que representa el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). De esta cifra global, COP 545,2 billones corresponden a recursos de la Nación y COP 30,5 billones provienen de recursos de establecimientos públicos. Al comparar este monto con la apropiación vigente de 2026, que al 30 de junio se situaba en COP 555,8 billones, el presupuesto proyectado para 2027 muestra un crecimiento del 3,6 %.
El punto central de la preocupación del CARF radica en que las cifras presentadas no coinciden con las metas fijadas por el propio Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El organismo señala que existen diferencias notables en tres ejes fundamentales: cuánto se planea gastar, en qué conceptos se realizará dicho gasto y, fundamentalmente, cómo se financiarán esos desembolsos. Debido a la gravedad de estos hallazgos, el CARF indicó que estos aspectos deben recibir "atención prioritaria" durante los debates presupuestales que se lleven a cabo en el Congreso de la República.
La inconsistencia más grave se encuentra en el gasto primario, que comprende la totalidad de los egresos del Estado excluyendo el pago de intereses de la deuda. El CARF estimó que el gasto primario para 2027 se situaría en COP 402,1 billones, equivalente al 18,8 % del PIB. Para llegar a esta cifra, el organismo realizó un proceso de conversión de las cifras presupuestales a términos fiscales, descontando los recursos que probablemente no se ejecutarán (pérdidas de apropiación), sumando operaciones que no pasan por caja, excluyendo entidades que no deberían contabilizarse y reclasificando gastos según su naturaleza económica.
Este cálculo revela que el gasto primario es COP 20,7 billones más alto de lo que el Gobierno había proyectado en el Marco Fiscal, donde se estimaba un gasto de COP 381,4 billones (17,9 % del PIB), lo que representa una diferencia nominal del 5,4 %. De no realizarse las correcciones necesarias, este exceso generaría un efecto dominó en las cuentas públicas. El CARF calcula que, sin reducciones en el presupuesto o la aparición de ingresos adicionales ciertos, el déficit primario ascendería a 1,5 % del PIB (COP 32,4 billones) y el déficit total llegaría al 5,4 % del PIB (COP 116,3 billones).
Ambas proyecciones se alejan considerablemente de las metas del Plan Financiero, que apuntaban a un déficit primario del 0,5 % del PIB y uno total del 4,5 %. Cabe resaltar que estas metas ya contemplaban una desviación del 0,8 % del PIB autorizada para 2027 mediante la denominada "cláusula de escape". Este mecanismo permite al Gobierno incumplir temporalmente la regla fiscal en situaciones excepcionales, siempre que se defina la magnitud de la desviación, su duración y la estrategia para retornar a la senda original. Esta cláusula fue utilizada por el Gobierno Petro en junio de 2025.
El CARF advierte que este exceso de gasto para 2027 profundiza una tendencia preocupante detectada desde 2025, año en el que el Gobierno también incumplió los acuerdos pactados bajo la cláusula de escape. Si se suman las tres vigencias, las desviaciones respecto a lo anunciado originalmente equivaldrían a casi el 2,7 % del PIB. En 2025, el Balance Primario Neto (BPNE) se deterioró en un 1,2 % del PIB frente a lo proyectado, elevando la desviación real al 3,3 % del PIB. Posteriormente, para 2026, el Gobierno modificó la meta, ampliando el margen permitido del 1,4 % al 2 % del PIB. Ahora, el proyecto de presupuesto 2027 añadiría una desviación adicional del 1 % del PIB frente a lo pactado.
Finalmente, el organismo resalta un desequilibrio estructural: por tercer año consecutivo, el presupuesto general incluye gastos cuya financiación depende de ingresos que aún no existen, basándose en leyes de financiamiento pendientes. Para cubrir la brecha actual, el PGN 2027 requeriría ajustes en los ingresos por aproximadamente COP 30,2 billones (1,4 % del PIB). Sin embargo, la reforma tributaria radicada por el Gobierno Petro solo estima un recaudo de COP 21,9 billones para 2027. Esto significa que, incluso si el Congreso aprobara la reforma sin cambios y el recaudo fuera exacto, seguirían faltando COP 8,3 billones, equivalentes al 0,4 % del PIB. Aunque el CARF reconoce que la reforma tributaria abre un debate necesario sobre el ajuste fiscal, enfatiza que sus medidas deben evaluarse estrictamente por su recaudo efectivo y su impacto en la inversión, la productividad y la formalización.
