Las criptomonedas han comenzado a integrarse en las economías de América Latina, posicionándose como herramientas para la inversión, el envío de remesas, la protección contra la inflación y la realización de pagos. A pesar de este avance, su adopción aún no es masiva y su uso permanece concentrado en sectores específicos o nichos de mercado. Un análisis regional coordinado por el Grupo de Diarios América (GDA) revela un panorama heterogéneo en cuanto a regulación, adopción y los desafíos que representan para las autoridades y los usuarios.
El avance de estos activos digitales ocurre en un entorno regulatorio desigual. Mientras algunos países han implementado marcos legales específicos, otros mantienen normativas parciales o carecen totalmente de una legislación integral. En la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, las criptomonedas no poseen la condición de moneda de curso legal, por lo que su aceptación como medio de pago es estrictamente voluntaria. El Salvador representó una excepción notable al aprobar la Ley Bitcóin en 2021; sin embargo, debido a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la normativa fue reformada y el bitcoin dejó de ser moneda de curso legal en 2025. Actualmente, el país centroamericano opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
En términos de uso, la motivación varía según el contexto económico de cada país. En Venezuela y Argentina, las criptomonedas, y especialmente las stablecoins vinculadas al dólar, funcionan como un refugio de valor y ahorro frente a la hiperinflación y la devaluación de las monedas locales. En Venezuela, su uso está extendido en la economía informal y el envío de remesas como una estrategia de supervivencia financiera. Por otro lado, en Brasil, México y Chile, se consolidan como mecanismos para transferencias internacionales. En Brasil, específicamente, las stablecoins se han convertido en una infraestructura de pagos real que permite adquirir desde inmuebles y vehículos de lujo hasta productos de comercio electrónico, apoyadas por tarjetas de débito cripto y procesadores de pago que mitigan la volatilidad.
México se encuentra en una etapa de transición donde el uso de criptoactivos ha pasado de entusiastas a sectores específicos como bienes raíces, servicios profesionales y remesas. En Chile, el mercado se expande a través de billeteras digitales, mientras que en Perú, Costa Rica y República Dominicana predomina la expectativa de rendimiento financiero. En República Dominicana, se estima que existen 123 comercios que aceptan bitcoin y unos 20 cajeros automáticos especializados.
La regulación sigue ritmos distintos. Brasil, Chile y El Salvador poseen los marcos más desarrollados. Brasil delegó la fiscalización al Banco Central (BCB), mientras que Chile implementó la Ley Fintech, que exige a las empresas de intermediación cumplir con requisitos de gobierno corporativo, capital mínimo y gestión de riesgos, bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero. En contraste, Colombia opera bajo circulares y directrices sin una ley específica, y el Banco de la República ha reiterado que estas monedas no tienen poder liberatorio para extinguir deudas. Argentina presenta un terreno fragmentado, y Perú mantiene una normativa centrada principalmente en la prevención del lavado de activos.
Paralelamente a su crecimiento, el uso de activos digitales ha sido vinculado a actividades ilícitas. En Argentina, el caso del token $LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei, terminó en una caída drástica de valor que dejó a muchos inversores sin sus fondos, siendo investigado como una posible estafa. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizan criptoactivos para lavar dinero y financiar el tráfico de fentanilo.
En Chile, la Fiscalía solicitó en junio de 2025 el congelamiento de billeteras digitales vinculadas al brazo financiero del Tren de Aragua, que utilizaba la plataforma Binance para convertir activos digitales en pesos chilenos. Colombia también ha documentado el uso de criptomonedas para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal de oro. En Costa Rica, el bitcóin ha sido exigido por secuestradores en casos como los de George Angulo y William Sean Creighton, además de ser utilizado para pagar campañas de desprestigio en redes sociales.
Brasil ha enfrentado operaciones de gran escala, como la Operación Niflheim, que desarticuló "bancos paralelos" que movilizaron 55.000 millones de reales procedentes del narcotráfico, y la Operación Kryptos, que investigó un esquema piramidal. En República Dominicana, se han reportado estafas millonarias mediante promesas de inversiones falsas. Finalmente, en Venezuela, el Petro —criptomoneda estatal lanzada en 2018— ha sido señalado por su opacidad y por ser un instrumento de control gubernamental bajo la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.
