La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha dado un paso significativo en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. La institución ha imputado formalmente a un exministro del Interior, junto a otras seis personas, por su presunta implicación en el crimen que conmocionó al país pocos días antes de los comicios presidenciales.
Entre los señalados destacan figuras de alto perfil político y criminal. José Serrano, quien se desempeñó como ministro del Interior entre los años 2011 y 2016 durante la administración de Rafael Correa, ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. Según las acusaciones, Serrano habría proporcionado información crucial sobre los movimientos y desplazamientos de Villavicencio a la organización criminal conocida como Los Lobos. Actualmente, el exministro se encuentra en Estados Unidos, donde permanece protegido de una deportación hacia Ecuador, país donde ya existe una orden de prisión preventiva en su contra.
De manera simultánea, la Fiscalía ha señalado a Wilmer "Pipo" Chavarría, líder del cártel Los Lobos, por su presunta relación con el atentado. Chavarría había logrado evadir la justicia durante un tiempo al fingir su propia muerte, pero fue finalmente capturado en España el año pasado. En la actualidad, el líder criminal permanece en territorio español a la espera de que se procese una solicitud de extradición para que enfrente la justicia ecuatoriana.
El crimen tuvo lugar en la capital, Quito, durante un acto de campaña. Fernando Villavicencio, quien fue periodista antes de convertirse en legislador, era ampliamente reconocido por su postura frontal contra la corrupción. Fue uno de los pocos candidatos que denunciaron públicamente los vínculos existentes entre el crimen organizado y diversas autoridades gubernamentales. A pesar de haber recibido numerosas amenazas de muerte y de contar con un equipo de seguridad, Villavicencio mantuvo su agenda de actos públicos hasta el día del atentado.
En cuanto al avance procesal del caso, se determinó que cinco personas vinculadas a la banda Los Lobos ya habían sido condenadas a prisión en 2024, tras confirmarse que fueron quienes orquestaron el ataque. El balance de los implicados directos es trágico: el presunto autor material de los disparos murió abatido en el sitio del crimen, mientras que otros seis hombres, que se encontraban en prisión esperando ser juzgados, fueron asesinados dentro del recinto penitenciario.
Las siete personas señaladas recientemente por la Fiscalía el pasado sábado habrían desempeñado un papel indirecto en la ejecución del asesinato. La mayoría de ellos mantienen vínculos con Los Lobos, una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador. De este grupo, cinco personas son consideradas prófugas de la justicia. Además de José Serrano, se encuentra en Estados Unidos Xavier Jordán; mientras que el exasambleísta Ronny Aleaga se ubica en Venezuela y Wilmer "Pipo" Chavarría en España. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado a la Interpol la emisión de notificaciones rojas para facilitar su captura y posterior extradición.
Un caso particular es el de Ángel Esteban Aguilar, alias "Lobo Menor", quien fue detenido en Ciudad de México en marzo y posteriormente trasladado a Ecuador tras la emisión de una notificación roja. Aguilar tiene un historial delictivo previo, habiendo sido condenado en 2013 a 20 años de prisión por el asesinato del hermano de José Serrano, aunque logró fugarse tras obtener la libertad condicional. El séptimo acusado es Luis Arboleda, identificado como un miembro de alto rango de Los Lobos.
El contexto en el que se desarrolla este caso es complejo. Ecuador, situado geográficamente entre Colombia y Perú —los mayores productores de cocaína a nivel global—, se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito de droga ilícita. Cárteles como Los Lobos han utilizado la violencia y la corrupción para controlar las rutas de suministro, manteniendo además vínculos profundos con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México.
Ante esta crisis de seguridad, el actual presidente Daniel Noboa, quien ganó las elecciones tras la muerte de Villavicencio, ha implementado una política militar de mano dura para combatir a las bandas criminales. Actualmente, el caso de Villavicencio se encuentra en fase de audiencias preliminares, donde un juez determinará si la Fiscalía posee pruebas suficientes para llevar a los imputados a juicio.
