Durante los días de agosto, una parte considerable de la población uruguaya, específicamente padres y madres, ha comenzado a sentir alivio tras lograr agendar la vacunación de sus hijos contra el meningococo. El proceso, que estuvo marcado por anuncios sucesivos, saturación de agendas y reclamos ciudadanos, se ha materializado con la llegada de 348.000 dosis adquiridas a través del Fondo Rotatorio de acceso a Vacunas de la OPS, sumadas a otras 40.000 dosis adicionales. Actualmente, unos 45 mil niños y adolescentes de entre 9 y 15 años ya están anotados, con la promesa de extender la cobertura a todos los menores de 18 años.
Sin embargo, este despliegue sanitario no ha estado exento de cuestionamientos. El Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentra bajo el escrutinio público por las decisiones tomadas en el presente y, fundamentalmente, por las omisiones ocurridas hace dos años. En aquel periodo, mientras se registraba un aumento de casos en los centros hospitalarios, el acceso a las vacunas estaba limitado únicamente a quienes podían costearlas de forma privada.
Para comprender el origen de la controversia, es necesario analizar la evolución epidemiológica. Entre 2015 y 2019, los casos de meningococo mostraron un ascenso gradual, aunque la incidencia se mantenía baja. Durante la pandemia de 2020, la movilidad reducida llevó el registro casi a cero, tendencia que persistió parcialmente en los dos años siguientes. No obstante, el salto significativo ocurrió entre 2022 y 2023, año en el que las notificaciones se duplicaron, cerrando con 29 casos y tres muertes reportadas según datos de Epidemiología del MSP.
El punto crítico se sitúa el 10 de abril de 2024, fecha de una reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV). A pesar de que el órgano reconoció un “aumento inusual de la incidencia”, se determinó que este comportamiento era habitual en el país. Aunque Mónica Pujadas, representante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), argumentó la necesidad urgente de introducir la vacunación sistemática para garantizar la equidad y protección infantil, la reunión no alcanzó el quórum necesario para incorporar la vacuna al esquema regular. La decisión fue simplemente monitorear la situación hasta septiembre.
El panorama se agravó para el 2 de octubre de 2024. En una nueva reunión de la CNAV, se reveló que ya se habían registrado 35 casos y ocho fallecimientos, elevando la letalidad al 23%, más del doble que el año anterior. Ante esta realidad, la comisión recomendó por unanimidad la inclusión planificada de vacunas para menores de dos años y adolescentes de 11 años, priorizando la equidad en el acceso y la reducción de la circulación comunitaria.
A pesar de esta recomendación, el proceso se dilató debido al contexto electoral y la posterior transición gubernamental. No fue sino hasta mayo de 2025 que la actual ministra, Cristina Lustemberg, anunció la implementación de lo sugerido por la comisión seis meses atrás, iniciando la vacunación finalmente en julio.
Esta demora ha generado un fuerte cruce político. El exsubsecretario de Salud y actual diputado nacionalista, José Luis Satdjian, rechazó que se le atribuya responsabilidad a la administración anterior. Satdjian afirmó haber alertado a Lustemberg sobre su preocupación y sostuvo que, aunque indagaron con laboratorios, no ejecutaron la compra para no comprometer fondos sin la llegada de las nuevas autoridades. Según Satdjian, la responsabilidad recae en que la comisión "pateó" el tema en abril y que la resolución de octubre no fue planteada como urgente.
Por su parte, la directora de Salud, Laura Llambí, sugirió que en aquel momento pudo haber faltado “sensibilidad o conciencia” en el ministerio, aunque evitó politizar el debate. En sintonía, el infectólogo y pediatra Álvaro Galiana fue tajante al señalar que ambas administraciones “procrastinaron” el tema. Galiana, quien integró la comisión, criticó que se haya “fingido demencia” hasta octubre y cuestionó que la ministra Lustemberg no universalizara la vacuna por razones económicas, mientras el Estado realizaba otras inversiones millonarias.
Galiana también expresó su indignación por el vacío en el esquema actual, que no abarca a niños de entre 2 y 11 años, mencionando el caso trágico de una niña de 11 años fallecida justo antes de recibir su dosis. El especialista lamentó que Uruguay esté rezagado frente a Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, países que ya incorporaron la vacuna.
En términos numéricos, el costo humano ha sido significativo: 11 fallecidos en 2024, cinco en 2025 y siete en lo que va del año actual. Para Galiana, la única solución es vacunar a todos los necesarios hasta que descienda la circulación del microbio, advirtiendo que, al ser una enfermedad que genera pánico y es difícil de diagnosticar, no se puede regular la vacunación mientras existan casos activos.
