Daneidy Barrera Rojas, la reconocida creadora de contenido conocida en el entorno digital como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros en Bogotá hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, centro penitenciario ampliamente conocido como la cárcel La Picaleña.
Este movimiento penitenciario se llevó a cabo pocas horas después de que concluyera el mandato del presidente Gustavo Petro. El traslado ocurre en un contexto marcado por una serie de escándalos que la influenciadora protagonizó mientras permanecía en la comisaría, lugar donde se encontraba recluida desde finales de 2025, posterior a que se determinara su salida de la cárcel El Buen Pastor debido a diversos quebrantos de salud.
De acuerdo con la información confirmada por la revista Semana, el traslado no responde únicamente a cuestiones administrativas, sino que obedece a un criterio estrictamente jurídico. La Estación de Carabineros, donde Barrera Rojas se encontraba hasta ahora, fue diseñada específicamente para la reclusión de funcionarios públicos, una condición legal que la influenciadora no cumple. En dicha instalación permanecen privados de la libertad personas que sí encajan en este perfil, como es el caso del exrepresentante Wadith Manzur, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien también ha sido investigada en el mismo proceso.
En cuanto a su situación penal, Daneidy Barrera Rojas cumple una condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público. Estos cargos están directamente relacionados con los desmanes y disturbios que la joven protagonizó en el sistema de transporte TransMilenio de Bogotá durante el periodo de estallido social ocurrido en el año 2019. Es pertinente recordar que, en su momento, el entonces presidente Gustavo Petro había solicitado la intervención de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para buscar una alternativa que favoreciera la liberación de la influenciadora.
No obstante, el detonante inmediato que aceleró su traslado a Ibagué fue una serie de irregularidades reportadas dentro del centro de reclusión. Uno de los episodios más controvertidos fue revelado el 11 de julio de 2026, cuando se dio a conocer que la influenciadora presuntamente se habría practicado procedimientos estéticos de manera clandestina mientras estaba privada de la libertad. Estos hechos quedaron documentados en un informe redactado por la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, y dirigido al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec. En dicho documento se detalló que, el pasado 2 de junio de ese año, Barrera Rojas presentaba una inflamación visible en los labios y pequeñas equimosis en el rostro.
Al ser interrogada sobre estas evidencias físicas, la mujer negó rotundamente haberse sometido a cualquier intervención estética. Esta versión fue respaldada posteriormente a través de un comunicado oficial difundido por otra conocida creadora de contenido, Yina Calderón, quien ratificó la postura de la condenada.
Sin embargo, el testimonio clave que puso en duda la versión oficial fue el de Margareth Chacón, compañera de cuarto de la influenciadora y condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Fue Chacón quien alertó a la oficial sobre lo ocurrido, señalando que el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visitas, una persona que visitaba a Barrera Rojas le habría aplicado sustancias de relleno en zonas específicas como los glúteos, pómulos, mentón y labios. Según el relato de Chacón, esa misma noche la joven presentó episodios febriles y fuertes dolores.
La controversia tomó mayor fuerza esta semana con la circulación de una fotografía reciente de la influenciadora, difundida por su abogada, Wendy Herrera. En la imagen, se pueden observar rasgos faciales notablemente distintos a los que Barrera Rojas presentaba anteriormente, lo que ha reavivado las sospechas sobre los procedimientos realizados en prisión.
Por su parte, la abogada Wendy Herrera, representante legal de la empresaria, ha manifestado que implementará una estrategia jurídica distinta para buscar su libertad, asegurando que presentará resultados "muy pronto". La defensa sostiene que, aunque la condena incluyó prisión y sanciones económicas por los cargos de daño en bien ajeno, perturbación del transporte público e instigación a delinquir, el enfoque actual debe centrarse en la protección de los derechos fundamentales de su cliente.
Finalmente, la abogada Herrera dedicó gran parte de sus declaraciones a responder a las críticas recibidas por haber aceptado el caso de Epa Colombia. Herrera calificó estas reacciones como ataques a su ejercicio profesional y solicitó que se le permita trabajar sin interferencias externas, expresando su asombro ante los improperios recibidos por parte de personas que rechazan la posibilidad de que la influenciadora recobre su libertad, asegurando que tales comentarios degradan su desempeño como profesional del derecho.
