Nélida Agustina Bisio, quien se desempeñó como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), recuperaron su libertad este viernes. La medida se produce en el marco de una compleja causa judicial que investiga las muertes derivadas del uso de fentanilo contaminado, un caso que ha puesto bajo la lupa los controles estatales sobre la producción de fármacos.
Según informaron fuentes vinculadas al caso a la agencia Noticias Argentinas, la libertad de ambas ex funcionarias quedó supeditada al pago de una caución económica considerable. El monto fijado por la Justicia fue de 75 millones de pesos para cada una de las imputadas. Este pago actúa como una garantía financiera mientras continúa el avance de la investigación judicial.
La resolución fue dictada por el magistrado Ernesto Kreplak, quien se encuentra al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata. Sin embargo, la recuperación de la libertad no implica la ausencia de restricciones. El juez Kreplak ha impuesto medidas cautelares estrictas para asegurar que las procesadas no evadan la acción de la justicia. En este sentido, se dispuso la prohibición inmediata de salir del territorio nacional para Bisio y Mantecón Fumado, además de ordenar la entrega obligatoria de sus pasaportes a las autoridades judiciales. Según se indicó, estas medidas restrictivas tienen como objetivo primordial garantizar la presencia de las imputadas durante todas las etapas del proceso investigativo.
El proceso de detención de ambas funcionarias tuvo modalidades distintas. En el caso de Nélida Bisio, el arresto se llevó a cabo en la localidad de Olivos, situada en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Por su parte, Gabriela Mantecón Fumado optó por una presentación espontánea, concurriendo a una dependencia policial acompañada por su representante legal.
Durante el desarrollo de las declaraciones indagatorias, se observaron estrategias procesales opuestas. Nélida Bisio mantuvo una postura reservada, optando por no responder a las preguntas formuladas por los investigadores y brindando un testimonio sumamente breve. La ex titular de la ANMAT adelantó que presentaría sus descargos y precisiones a través de un escrito formal. En contraste, Gabriela Mantecón Fumado mantuvo una actitud más abierta durante el interrogatorio, respondiendo de manera extensa a las preguntas y remitiéndose a un escrito que ya había sido presentado previamente en el expediente.
Uno de los puntos centrales de la investigación radica en el pedido de allanamiento sustentado por el Ministerio Público Fiscal. En dicho documento, la fiscalía sostiene que existen irregularidades graves vinculadas a dos laboratorios específicos: HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. Ambas entidades se encuentran bajo el control del grupo familiar de los hermanos García. De acuerdo con la acusación, estos laboratorios presentaban un historial recurrente de incumplimientos e irregularidades en lo que respecta a las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
La hipótesis fiscal es contundente al señalar que este historial de deficiencias no fue una coincidencia, sino el resultado de la existencia de un "manto de cobertura estatal". Según la fiscalía, este amparo institucional habría permitido que los laboratorios mencionados continuaran sus actividades productivas a pesar de operar en condiciones deficientes de calidad. Esta situación de negligencia y cobertura habría derivado directamente en la contaminación del fentanilo producido por HLB, lo que posteriormente provocó las muertes que son hoy el objeto central de la investigación judicial.
Respecto a la trayectoria reciente de las imputadas en sus cargos, se informó que Nélida Bisio permaneció al frente de la ANMAT hasta que presentó su renuncia a comienzos del año 2026. Por otro lado, Gabriela Mantecón Fumado fue apartada preventivamente de la dirección del INAME el 21 de agosto de 2025, medida tomada en el marco del mismo proceso judicial que hoy las mantiene en libertad pero con severas restricciones procesales.
