Un juez del estado de Nuevo México ha dictaminado que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, debe abonar la cantidad de 567 millones de dólares a un fondo destinado a remediar su papel en una crisis de salud mental que afecta a la población juvenil. Esta nueva cifra se suma a los 375 millones de dólares en sanciones que ya habían sido decididos previamente, incrementando significativamente el costo financiero para el gigante de las redes sociales.
El fallo judicial no se limitó únicamente a las sanciones económicas. Durante la resolución del jueves, el juez Bryan Biedscheid utilizó una analogía contundente para describir la situación, comparando la operación de Meta y sus aplicaciones con la de fábricas contaminantes que expulsan toxinas al aire. Según el magistrado, el daño causado por las plataformas no se queda encerrado en el entorno digital, sino que se desplaza hacia internet en su totalidad y, de manera más preocupante, impacta directamente en el mundo real.
El tribunal determinó que, así como la contaminación producida por una fábrica puede vulnerar el derecho público a un aire razonablemente limpio, los efectos perjudiciales de Meta sobre los niños generan una carga social común. Este perjuicio, señaló el juez, afecta no solo a los menores y sus familias, sino que se extiende a las escuelas, los hospitales y los cuerpos de orden público.
Este proceso judicial se desarrolló en dos fases distintas. En la primera etapa, un jurado determinó en marzo que Meta era responsable de todos los cargos presentados en un juicio sobre seguridad infantil. En dicha instancia, se concluyó que la empresa incurrió deliberadamente en prácticas comerciales calificadas como "abusivas" y "injustas y engañosas". Como resultado de ese primer fallo, que fue descrito como una decisión histórica, se ordenó a Meta el pago de los primeros 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
La segunda fase del juicio, resuelta por el juez, tenía como objetivo decidir si las plataformas de Meta constituían una "molestia pública". Tras analizar los hechos, el juez Biedscheid determinó que efectivamente lo eran, lo que llevó a la imposición de las nuevas multas y a una serie de medidas correctivas obligatorias y estrictas para la empresa.
Entre las medidas impuestas, el juez ha ordenado que Meta elimine todas las cuentas y la información personal recopilada de aquellos usuarios que tengan menos de 13 años. Además, se han establecido restricciones temporales estrictas para las notificaciones push dirigidas a usuarios menores de 18 años: estas deberán ser desactivadas de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. los días laborables durante el año escolar, y de 10:00 p.m. a 7:00 a.m. durante el resto de los días.
Asimismo, el fallo exige que las cuentas de los adolescentes residentes en Nuevo México se configuren automáticamente como privadas. Otro punto crítico de la sentencia es la prohibición de que los usuarios de dicho estado participen en interacciones de carácter romántico o sexualizado con los chatbots de inteligencia artificial desarrollados por Meta.
El origen de este conflicto legal se remonta a 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó la demanda inicial. Torrez sostuvo que Meta había creado un "caldo de cultivo" ideal para los depredadores infantiles dentro de Facebook e Instagram, una acusación que la compañía negó rotundamente desde el inicio del proceso.
Ante los recientes fallos, Meta ha manifestado a través de una publicación en sus redes sociales que no está de acuerdo con la decisión del juez y ha confirmado que hará uso de su derecho a apelar la sentencia. La empresa ya había expresado anteriormente que, aunque respetaba el proceso, no coincidía con las conclusiones del jurado en la primera fase del juicio.
