Óscar David V., conocido bajo el alias de ‘Paisa’, ha recuperado su libertad luego de que una jueza de la Unidad Judicial Penal de Garantías Flagrantes de Quito rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. El ciudadano colombiano se encuentra procesado dentro de una investigación por el presunto delito de tenencia y porte de armas, un caso que ha cobrado una relevancia significativa debido a las acusaciones gubernamentales que lo vinculan con un crimen violento en la capital.
La detención de Óscar David V. se produjo durante un operativo policial ejecutado en un centro de entretenimiento nocturno situado en la avenida Eloy Alfaro, en el sector norte de Quito. Según el informe de las autoridades, durante el allanamiento se encontró en poder del ciudadano un arma de fuego, municiones y diversas sustancias sujetas a fiscalización, elementos que motivaron la apertura del proceso judicial.
Durante la audiencia de calificación, la magistrada a cargo validó la legalidad de la detención. No obstante, surgió una controversia respecto a la medida cautelar. La Fiscalía solicitó formalmente que el procesado permaneciera en prisión preventiva, fundamentando su pedido en la existencia de un riesgo inminente de fuga. Este argumento se basó en que el señor Óscar David V. es ciudadano extranjero y, al momento de su captura, se hospedaba en un hotel, lo que indicaría la falta de arraigo en el país.
A pesar de los argumentos fiscales, la jueza consideró que los elementos presentados no eran suficientes para justificar una medida tan restrictiva como la prisión preventiva. En la resolución judicial, la magistrada enfatizó que el hecho de no contar con un domicilio fijo no constituye, por sí solo, un argumento jurídico válido y suficiente para ordenar el encarcelamiento preventivo de una persona mientras avanza la instrucción fiscal.
Este caso ha generado una fuerte repercusión pública y política, ya que autoridades del Gobierno Nacional han señalado a alias ‘Paisa’ como el principal sospechoso de un crimen que generó conmoción en la sociedad quiteña: el asesinato de un hombre que fue hallado colgado de un puente en el norte de la ciudad el pasado 29 de julio. Este hecho fue tan impactante que motivó al presidente Daniel Noboa a anunciar la implementación de un plan de seguridad reforzado para la capital.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, fue tajante al señalar que el ciudadano colombiano sería el presunto ejecutor de dicho asesinato, afirmando que alias ‘Paisa’ habría sido contratado por el grupo delictivo organizado conocido como 'Los Lobos' para llevar a cabo el crimen. A estas acusaciones se sumaron declaraciones de un vocero del Ejército, quien informó que el procesado contaría con antecedentes penales en Colombia por delitos graves, entre los que se mencionan el sicariato, la violación y la fuga de centros penitenciarios.
Por su parte, Óscar David V. ha rechazado categóricamente las acusaciones. Según consta en el expediente judicial, el procesado aseguró que se gana la vida como vendedor ambulante en el sector de Carcelén y negó haber portado el arma de fuego encontrada. El ciudadano colombiano sostuvo que el arma fue plantada o encontrada únicamente cuando fue trasladado en el balde de un vehículo militar, contradiciendo así la versión de los agentes captores.
En cuanto al proceso legal, la Fiscalía ha iniciado la causa por el delito de tenencia y porte de armas, cuya sanción oscila entre los tres y cinco años de prisión. El caso se tramitará a través de un procedimiento directo, el cual contempla una instrucción fiscal con una duración de 20 días. La audiencia de juicio directo ha sido programada para el 20 de agosto de 2026, a las 08:30.
Este escenario judicial se desarrolla en un contexto de alta tensión sécuritaria en el país. Tras una serie de hechos violentos en Quito, el Gobierno ha dispuesto el despliegue de 2.000 policías y 2.000 militares adicionales para intentar estabilizar la seguridad en la capital. Asimismo, la provincia de Pichincha, junto con otras zonas del territorio nacional, permanece bajo un estado de excepción vigente desde el 16 de junio, medida adoptada para enfrentar el incremento de la violencia criminal.
