La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades administrativas y financieras relacionadas con la contratación de funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan como oficiales de justicia. El organismo fiscalizador, tras llevar a cabo una exhaustiva auditoría, detectó que un grupo de abogados mantenía una situación contractual que contraviene la normativa y la jurisprudencia vigente, afectando la correcta gestión y control de los recursos públicos.
Uno de los hallazgos más críticos de la investigación se centra en 36 abogados que mantenían simultáneamente dos contratos laborales. Cada uno de estos contratos estipulaba una jornada de 22 horas semanales, sumando un total de 44 horas por funcionario. Sin embargo, la auditoría reveló que estos profesionales realizaban exactamente las mismas funciones en ambos contratos. Este hecho representa una falta grave a la normativa, ya que la ley permite una contratación adicional únicamente cuando se trata de desempeñar funciones distintas a las habituales. Por esta modalidad de contratación duplicada, los funcionarios percibieron un total de más de 1.944 millones de pesos.
El contexto general de estas remuneraciones es amplio. La CGR constató que, en total, existen 144 abogados trabajando como oficiales de justicia dentro de la institución. Durante el año 2024, las remuneraciones pagadas a este grupo superaron los 5.540 millones de pesos. La investigación se originó a partir de una revisión detallada realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, donde se evaluó el cumplimiento de las jornadas laborales tanto de los oficiales de justicia como de aquellos contratados mediante la resolución CPR para desempeñar funciones transitorias.
La falta de fiscalización interna quedó en evidencia durante las inspecciones realizadas en terreno por la Contraloría. Se detectó que 23 de los 36 funcionarios que mantenían los contratos duplicados no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario. Esta carencia administrativa impidió que el organismo fiscalizador pudiera comprobar si los funcionarios efectivamente cumplían con las jornadas laborales por las cuales estaban siendo remunerados, lo que, según el informe, dificulta garantizar un control adecuado de los recursos del Estado y el cumplimiento de las obligaciones funcionarias.
Además de las irregularidades contractuales, el informe de la CGR reveló la existencia de actividades remuneradas externas que podrían haber interferido con el horario laboral institucional. Se descubrió que 5 de los 36 funcionarios que mantenían los contratos duplicados emitieron boletas de honorarios a particulares por montos que superan los 43 millones de pesos durante el año 2024. En una escala mayor, de los 144 oficiales de justicia existentes en la institución, 23 emitieron boletas de honorarios por un total de más de 434 millones de pesos, realizando actividades remuneradas ajenas a Carabineros. Si bien el hecho de contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción, la ausencia de registros de asistencia impide determinar con certeza si estas actividades fueron desarrolladas fuera de la jornada que debían cumplir como funcionarios públicos.
El organismo fiscalizador también identificó pagos en exceso efectuados a dos funcionarios durante el transcurso de 2024, por montos de 9.048.041 pesos y 881.527 pesos, respectivamente. Ante este hecho, la Contraloría informó que presentará las acciones legales correspondientes ante el Juzgado de Cuentas con el objetivo de obtener la restitución de dichos recursos mediante un reparo.
Como medida correctiva, la CGR ha instruido a Carabineros ajustar las designaciones y prórrogas de los funcionarios CPR que actúan como oficiales de justicia, asegurando el cumplimiento del artículo 150, que prohíbe que las labores contratadas sean las mismas que las de su jornada ordinaria. Asimismo, se señaló que, si la jornada de 22 horas fijada en la Orden General N°783 de 1991 resulta insuficiente para atender las necesidades del servicio, el General Director de Carabineros de Chile deberá actualizar dicho documento con el número de horas necesarias. No obstante, se mantiene la obligación de los oficiales de extender su jornada ordinaria por el tiempo que sea requerido para cumplir sus funciones.
Finalmente, la institución policial deberá implementar medidas de control estrictas para verificar que cualquier actividad remunerada adicional se realice fuera de la jornada laboral institucional. Carabineros deberá, además, informar a la Contraloría los resultados de la investigación disciplinaria que ya ha iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hallazgos.
