El Gobierno del Perú ha procedido con la ejecución de la medida de expulsión de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes han sido identificados como miembros de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua. Esta decisión se ha tomado inmediatamente después de que los sujetos cumplieran una sentencia condenatoria de ocho años de prisión en territorio peruano.
Los delitos por los cuales fueron sentenciados y que motivaron su permanencia en centros penitenciarios nacionales incluyen la tenencia ilegal de armas, así como delitos contra la tranquilidad y la salud públicas. Una vez agotada la pena impuesta por la justicia peruana, el Estado activó los protocolos migratorios y de seguridad para asegurar que los individuos no permanecieran en el país.
Las autoridades han identificado plenamente a los tres expulsados. Se trata de Edinson Agustín Barrera, conocido bajo el alias de 'Catire'; Rodysnimel Alcántara Brito, identificado con el alias de 'Rody'; y José Zorrilla Velásquez, quien es conocido en el entorno criminal como 'Rafa'. Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior (Mininter), estos tres sujetos no solo cometieron delitos en Perú, sino que también cuentan con requerimientos judiciales vigentes en su país de origen, Venezuela.
Para llevar a cabo el traslado de manera segura y eficiente, el operativo fue coordinado directamente por el Ministerio de Defensa. La ejecución física del traslado se realizó mediante el uso de una aeronave Spartan C-27J, perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El vuelo partió con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Caracas, donde los sujetos fueron entregados a las autoridades correspondientes.
La concreción de esta medida de expulsión fue el resultado de un trabajo articulado y coordinado entre diversas instituciones del Estado peruano. Específicamente, se destacó la labor de la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ambas instituciones trabajaron de manera conjunta para garantizar que las resoluciones de expulsión fueran emitidas de manera oportuna, evitando cualquier vacío legal que pudiera retrasar el traslado de los sentenciados.
A través de un comunicado oficial, la cartera del Interior enfatizó la importancia de estas acciones. En el documento se señaló que esta medida reafirma el compromiso del Gobierno de impedir que integrantes de organizaciones criminales transnacionales permanezcan en el territorio nacional. El objetivo central es evitar que estas personas puedan reincidir en actividades delictivas o, en su defecto, que tengan la oportunidad de reorganizar sus estructuras criminales dentro de las fronteras peruanas.
El Estado peruano ha reiterado su postura firme en el fortalecimiento de la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Esta estrategia se basa en la implementación de acciones articuladas entre todas las instituciones competentes, con el fin de neutralizar las amenazas que afectan la seguridad ciudadana.
Asimismo, el Gobierno subrayó que este tipo de operativos permiten fortalecer el control migratorio del país y preservar el orden interno. La expulsión de miembros de organizaciones como el Tren de Aragua se presenta como una acción necesaria para salvaguardar la tranquilidad pública y asegurar que el sistema de justicia y control migratorio funcione de manera coordinada para expulsar a quienes representan un peligro para la sociedad.
Con este operativo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa demuestran la capacidad operativa para el traslado de sujetos peligrosos, utilizando los recursos de la Fuerza Aérea para asegurar que el proceso de expulsión se cumpla estrictamente conforme a las resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú.
