A partir de la medianoche del pasado sábado, los corredores viales del Oriente antioqueño que anteriormente estaban bajo la administración de la concesión Devimed pasaron a ser responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta transición ha generado una ola de preocupaciones entre los ciudadanos y usuarios de la región, quienes temen que rutas esenciales, como Medellín–Santuario y Las Palmas–Retiro, sufran un deterioro similar al que actualmente presenta el tramo entre El Santuario y Caño Alegre en la autopista Medellín–Bogotá.
El cambio operativo responde a la finalización del contrato que la empresa mantenía con el Estado desde 1996. Durante tres décadas, Devimed administró diversos corredores estratégicos que conectan a Medellín con el Oriente. El Gobierno Nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, optó por no prorrogar dicho vínculo contractual, determinando que, desde el 1 de agosto de 2026, la infraestructura y los peajes regresaran al control del Invías mientras se define un nuevo modelo de operación para el futuro de este corredor.
Desde que se anunció el fin de la concesión, han surgido diversas polémicas y dudas técnicas. Una de las primeras preocupaciones se centró en el sistema de recaudo de los peajes de Copacabana y Las Palmas. Ante rumores que sugerían que las casetas solo aceptarían pagos en efectivo, el Invías aclaró que esta medida sería temporal y se aplicaría únicamente durante unas pocas horas para facilitar la transición técnica del sistema. No obstante, la Dirección Territorial Antioquia de Invías precisó que el cobro en efectivo continuará mientras el concesionario saliente finaliza su balance financiero con los operadores electrónicos y el instituto implementa su propio sistema.
Sin embargo, existen dudas más profundas sobre la operatividad diaria. A pocas horas de la reversión, no había claridad sobre cómo el Instituto sustentaría la prestación de servicios básicos, especialmente ante accidentes de tránsito, los cuales son frecuentes en la zona. La incertidumbre recae sobre la disponibilidad de grúas, carros-taller y el despliegue de personal de asistencia vial.
Consultados al respecto, expertos en movilidad señalaron que el mantenimiento rutinario y la administración vial están en riesgo. Estas labores incluyen la atención de deslizamientos, el pago de contratos con cuerpos de bomberos locales para emergencias y los convenios de iluminación del corredor. La preocupación radica en que el Invías podría no contar con recursos asignados específicamente para estos rubros, ya que la gestión de estas vías no formaba parte de sus planes iniciales para la vigencia actual.
En respuesta a estas inquietudes, el Invías emitió un comunicado el 31 de julio informando la implementación de un "plan de transición". Según la entidad, este plan busca garantizar la continuidad del servicio mientras se culminan los procesos administrativos y presupuestales. Un punto controvertido en el comunicado es la aclaración de que servicios como ambulancias, grúas y carros-taller no representan una obligación legal para el Invías; no obstante, el instituto afirmó que buscará incorporarlos dentro de su Programa de Gestión Vial Integral (GVI).
El aspecto financiero también es motivo de debate. Según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las vías de Devimed requirieron en 30 años una inversión de 977.000 millones de pesos en construcción y pavimentación de sus 172,5 kilómetros, además de 1,8 billones de pesos en operación y mantenimiento. Esto equivale a aproximadamente 60.000 millones de pesos anuales para garantizar el funcionamiento y la seguridad del corredor, fondos que provenían principalmente del recaudo de peajes.
Los expertos cuestionan el destino de los fondos recolectados ahora que Invías tiene el mando. Según la ley 105 de 1993, al menos el 50% de lo recaudado debe invertirse en el departamento donde se ubica el peaje. Existe la posibilidad de que la operación sea asumida por la Unión Temporal Peajes Nacionales, consorcio que ya opera otros peajes en Antioquia. Sin embargo, se advierte que, bajo este modelo, solo el 12,6% de los recursos generados regresarían al departamento en forma de inversión directa, debido a que el consorcio percibe casi el 17% del recaudo por sus servicios.
A esto se suma la preocupación por unos 160.000 millones de pesos en inversiones pendientes que tenía Devimed en el Oriente antioqueño. Los especialistas advierten que estos recursos podrían quedar inmovilizados hasta la liquidación del contrato y, posteriormente, pasar al Tesoro Nacional, lo que significaría que no se ejecutarían en la región.
Finalmente, la situación ha provocado protestas sociales. Habitantes del Oriente han solicitado el retiro de peajes como El Escobero y Las Palmas. Ante esto, el gobernador Andrés Julián Rendón instó al diálogo, pero enfatizó que no se tolerarán desmanes. El mandatario regional aprovechó la coyuntura para reiterar su pedido al Gobierno Nacional de ceder las carreteras administradas por el Invías al Departamento, argumentando que la región posee mejores capacidades para evitar el abandono y deterioro de la infraestructura vial.
