La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha confirmado el inicio de una investigación penal contra Paula Mena Corea, quien se desempeñó como directora del Área de Conservación Osa (Acosa), entidad perteneciente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). La funcionaria es investigada por el presunto delito de incumplimiento de deberes, en un caso estrechamente vinculado a la gestión y administración del Parque Nacional Corcovado, una de las zonas protegidas más emblemáticas y biodiversas del país.
De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de prensa del Ministerio Público, el proceso judicial se tramita bajo el expediente N.° 26-00008-1958-PE. En este momento, la causa se encuentra en etapa de investigación, motivo por el cual las autoridades judiciales han precisado que no es posible brindar detalles adicionales sobre el avance del caso. Esta restricción de información se fundamenta en que el proceso se mantiene en una fase privada, en estricto apego a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual resguarda la confidencialidad de las diligencias preliminares para no entorpecer la búsqueda de la verdad real.
El núcleo de la controversia administrativa y legal se remonta a agosto del 2023, periodo en el cual Mena Corea, ejerciendo sus funciones como directora de Acosa, autorizó un incremento en el aforo de visitación turística en el Parque Nacional Corcovado. Esta medida buscaba ampliar la capacidad de personas que podían ingresar al área silvestre protegida, una decisión que posteriormente sería cuestionada tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
Paralelamente a la gestión del flujo turístico, la exdirectora tuvo bajo su responsabilidad el manejo de la Estación Biológica Sirena. En este recinto, diversas entidades reportaron a partir del año 2024 la existencia de un grave problema sanitario relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales. Según los informes, se produjeron vertidos de aguas residuales directamente hacia los ríos del área silvestre protegida, lo que representaba un riesgo ambiental significativo para el ecosistema del parque.
La situación alcanzó un punto crítico en el año 2025, cuando la Sala Constitucional tuvo que intervenir mediante la tramitación de un recurso de amparo interpuesto precisamente por el tema del aforo. Durante este proceso judicial, Paula Mena Corea defendió ante los magistrados la decisión de aumentar la visitación turística. Sin embargo, este argumento fue contrastado con la realidad de la Estación Biológica Sirena, donde el problema sanitario de la planta de tratamiento permanecía desatendido mientras se promovía el incremento de visitantes.
Como resultado de este análisis, la Sala Constitucional emitió la resolución N.° 2025-024842 el 8 de agosto del 2025. En dicho fallo, el tribunal ordenó dejar sin efecto el incremento de los cupos de visitación, determinando que la medida carecía de bases técnicas explícitas que la justificaran. La resolución fue enfática al exigir que cualquier acto administrativo destinado a regular la capacidad de carga del Parque Nacional Corcovado debe estar debidamente fundamentado en criterios técnicos y científicos.
En relación con este proceso, se realizaron consultas formales a Paula Mena Corea a través de su correo electrónico institucional, así como al Departamento de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). No obstante, hasta el cierre de la redacción de esta noticia, ninguna de las dos partes ha emitido una respuesta oficial sobre el proceso penal que enfrenta la exdirectora.
En cuanto a su situación laboral actual, Paula Mena Corea dejó el cargo de directora del Área de Conservación Osa en julio del 2025. A pesar de la investigación en curso y de la resolución de la Sala Constitucional, la funcionaria continúa laborando dentro de la institución, ocupando actualmente el puesto de Coordinadora de la Unidad Administrativo Financiera de Acosa. El caso permanece bajo la lupa de la Fiscalía para determinar si las acciones u omisiones de la funcionaria constituyen efectivamente un incumplimiento de sus deberes legales como servidora pública.
