En la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en la cabecera cantonal de Nangaritza, se registró un hecho relevante relacionado con la aplicación de la justicia ancestral. Durante la jornada del miércoles 17 de junio de 2026, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue el sujeto de un proceso de justicia indígena llevado a cabo en la localidad de Guayzimi.
Los acontecimientos se desarrollaron a lo largo de la tarde y noche de dicho miércoles, periodo en el cual el individuo fue sometido a los procedimientos establecidos por las comunidades locales. El proceso se originó a raíz de las señalamientos en contra del hombre, quien es acusado del presunto consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública. Según los reportes, esta actividad fue identificada como un factor negativo para la comunidad, ya que se considera que tales acciones proyectan una mala imagen del sector.
Más allá de la preocupación por la estética o la percepción pública del lugar, los miembros de la comunidad manifestaron una preocupación profunda respecto al impacto social de estas conductas. Se enfatizó que el consumo de sustancias en espacios públicos constituye un pésimo ejemplo para los niños y la juventud de la zona, quienes se encuentran expuestos a estas situaciones en su entorno cotidiano. Para los habitantes de Guayzimi, la protección de los menores y el mantenimiento de un ambiente saludable son prioridades que justificaron la intervención.
En cuanto al perfil del ciudadano involucrado, se ha informado que el hombre de nacionalidad venezolana desempeña labores profesionales en la zona, específicamente trabajando como operador en actividades mineras. Esta vinculación laboral sitúa al individuo como parte del grupo de trabajadores que operan en el sector extractivo de la región de Nangaritza, integrándose así a la dinámica económica local antes de los hechos ocurridos.
La ejecución del proceso de justicia no fue un acto aislado, sino que contó con la participación activa de diversas figuras locales. Tanto las autoridades competentes como los miembros de una comunidad indígena de la zona se coordinaron para efectuar el procedimiento. Esta acción conjunta permitió que se aplicaran los mecanismos de justicia ancestral, los cuales están estrictamente fundamentados en los usos y costumbres que rigen a la comunidad indígena del sector.
El uso de la justicia ancestral implica que el procedimiento se ajustó a las normativas internas y tradiciones de los pueblos originarios de la zona. Estos mecanismos, basados en la herencia cultural y las costumbres transmitidas generacionalmente, fueron el instrumento elegido por la comunidad y las autoridades para abordar la falta atribuida al operador minero. El objetivo primordial de este proceso fue responder al presunto consumo de sustancias en la vía pública, alineando la resolución del conflicto con la cosmovisión y las reglas sociales de la comunidad indígena.
El incidente pone de relieve la coexistencia de los sistemas de justicia en la zona de Guayzimi, donde la comunidad indígena mantiene la autoridad para aplicar sus propios mecanismos de resolución de conflictos basándose en sus tradiciones. La intervención se centró en la corrección de una conducta que fue percibida no solo como una infracción, sino como un riesgo moral para las nuevas generaciones de Nangaritza.
En resumen, el miércoles 17 de junio de 2026, la aplicación de la justicia ancestral en Guayzimi resultó en el sometimiento de un ciudadano venezolano, operador minero, debido a que su presunto consumo de sustancias en espacios públicos fue considerado perjudicial para la imagen de la localidad y deletéreo para la formación de la niñez y la juventud local. El procedimiento fue coordinado entre autoridades y miembros indígenas, respetando los usos y costumbres propios de su cultura.
