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Suprema ratifica prisión preventiva de Joaquín Lavín León y avanza demanda civil contra Cathy Barriga

El máximo tribunal rechazó la apelación del recurso de amparo presentado por la defensa del exparlamentario, quien acusaba que la medida cautelar fue impuesta de manera "ilegal y arbitraria". El ministro Llanos hizo una prevención en la que reprochó el actuar de la defensa del exparlamentario.

Suprema ratifica prisión preventiva de Joaquín Lavín León y avanza demanda civil contra Cathy Barriga

La Corte Suprema ha ratificado la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León. El exparlamentario, quien cumple la medida cautelar en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, es procesado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

El máximo tribunal rechazó la apelación presentada por su defensa, confirmando el fallo de la Corte de Santiago que ya había desestimado un recurso de amparo. El abogado Cristóbal Bonacic había argumentado que la resolución inicial era “arbitraria e ilegal”, solicitando que la prisión preventiva fuera reemplazada por otra medida cautelar. Sin embargo, la Suprema determinó que la resolución cuestionada argumenta con suficiencia la necesidad de cautela, analizando el caso concreto y el contexto de los hechos imputados.

Además, el fallo incluye una dura crítica al desempeño técnico de Bonacic. El ministro Leopoldo Llanos señaló que existe una “incongruencia” entre lo solicitado en el recurso de amparo y lo pedido en la apelación, subrayando que debe existir una coherencia mínima en la defensa técnica.

En paralelo, la Corte de Santiago resolvió un requerimiento de la Municipalidad de Maipú contra la exalcaldesa Cathy Barriga. El tribunal de alzada revirtió una decisión de primera instancia y acogió que se integre en la acusación la demanda en materia civil. Con esto, el municipio busca que la exautoridad reintegre los recursos presuntamente defraudados, los cuales, según cifras de la Fiscalía, ascienden a un perjuicio de 32 mil 500 millones de pesos.

Ambas resoluciones judiciales marcan avances significativos en los procesos que enfrentan estas exfiguras públicas.

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