El Gobierno de Brasil ha llevado su estrategia de seguridad nacional al escenario global al presentar el "Plano Brasil Contra o Crime Organizado" en Viena, Austria. Esta presentación tuvo lugar durante la sesión plenaria de la 35ª Comisión de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal (CCPCJ), consolidándose como el espacio primordial de la ONU para el debate de políticas orientadas a la prevención de la criminalidad y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal a nivel mundial.
La delegación brasileña estuvo coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), específicamente a través de la Secretaría Nacional de Justicia (Senajus). La representación oficial estuvo a cargo de la secretaria nacional de Justicia, Maria Rosa Loula, quien participó en las actividades programadas entre el 1 y el 5 de junio. Durante su intervención en la sesión plenaria, Loula detalló los lineamientos del plan, el cual es descrito por el gobierno federal como la política pública central para enfrentar a las organizaciones criminales en el país.
Dentro de la exposición del plan, el Gobierno brasileño puso especial énfasis en dos ejes fundamentales de carácter transnacional: el combate a los flujos financieros ilícitos y el enfrentamiento al tráfico internacional de armas. Según lo expuesto, estas dos áreas representan los pilares críticos para desarticular la capacidad operativa de los grupos criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
En el marco de los debates, Maria Rosa Loula subrayó que la lucha contra el crimen organizado no puede llevarse a cabo de manera aislada. La secretaria afirmó que el enfrentamiento efectivo a estas estructuras exige respuestas articuladas entre las diferentes naciones y un fortalecimiento real de los mecanismos multilaterales de cooperación. En su argumentación, sostuvo que las soluciones unilaterales resultan insuficientes frente a redes criminales que operan de forma transnacional, apoyándose en complejas estructuras tecnológicas, logísticas y financieras que ignoran los límites geográficos.
Como parte de los avances presentados, Brasil destacó la implementación de nuevas herramientas legislativas nacionales. Entre ellas, se resaltó la creación de la Ação Civil de Perdimento de Bens, una herramienta jurídica diseñada específicamente para la recuperación de activos vinculados a actividades ilícitas, con aplicación incluso en casos que presenten elementos transnacionales. Asimismo, se informó sobre la modernización del Sistema Nacional de Armas (Renarme), una iniciativa que ha permitido ampliar los mecanismos de control y la trazabilidad de las armas de fuego.
El evento, promovido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), permitió que Brasil interactuara con representantes de diversos gobiernos, organismos internacionales y expertos globales. El objetivo general de la CCPCJ es coordinar estrategias globales para la prevención del delito y el robustecimiento de la justicia penal contra las organizaciones transnacionales.
Más allá de la sesión plenaria, la agenda de Maria Rosa Loula incluyó la participación en paneles especializados. Uno de los puntos más destacados fue su intervención en el panel titulado “La Respuesta del Sistema de Justicia Penal al Tráfico de Personas y al Trabajo Forzado: La Perspectiva de los Tribunales”. En este espacio, la secretaria compartió las experiencias y los avances de Brasil en la lucha contra el tráfico de personas y el trabajo esclavo contemporáneo.
Durante este debate, Loula defendió la necesidad de modernizar los enfoques judiciales para lograr un reconocimiento adecuado de las formas actuales de explotación humana. Sugirió el fortalecimiento del uso de pruebas documentales, digitales, financieras y contextuales para robustecer los casos judiciales. En este contexto, mencionó la implementación del IV Plan Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas, con un periodo de ejecución entre 2024 y 2028, además de la puesta en marcha de protocolos de asistencia y protección a las víctimas. También destacó las acciones de cooperación internacional que Brasil mantiene con socios estratégicos y países de América del Sur.
Finalmente, a través de su agenda en Viena, Brasil reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el respeto a la soberanía de las naciones y la coordinación internacional. El país insistió en la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas tanto a la prevención como al enfrentamiento directo del crimen organizado transnacional.
