La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra en el centro de la controversia luego de que se revelara que al menos cinco de los diez funcionarios señalados por la Contraloría General de la República continúan desempeñando sus labores en la institución. Estos servidores son presuntamente responsables de diversas irregularidades detectadas durante la gestión de la primera vuelta electoral, según el informe emitido por el órgano de control.
Los funcionarios que permanecen en sus cargos ocupan puestos estratégicos dentro de la organización. Se trata de Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral; Juan Pestana, gerente de Asesoría Jurídica; y Edward Alarcón, gerente de Administración. Asimismo, continúan en funciones Jesús Félix, subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, y Yuvitza Aguilar, subgerente de Logística.
El informe de la Contraloría detalla responsabilidades específicas para cada uno de ellos. En el caso de Roberto Montenegro, se le atribuyen presuntas irregularidades en la gestión de los equipos destinados a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), además de deficiencias en la supervisión de la distribución del material electoral, lo que derivó en el señalamiento de responsabilidades administrativas.
Por su parte, Juan Pestana es cuestionado por haber emitido una opinión favorable para la aprobación de pagos adicionales al contratista de transporte. Según el órgano de control, Pestana habría actuado sin verificar si dichos pagos eran indispensables o si los servicios correspondientes ya habían sido efectivamente ejecutados, atribuyéndosele así una presunta responsabilidad administrativa.
En una línea similar, Edward Alarcón habría autorizado estas prestaciones adicionales y validado un incremento drástico en el costo del transporte, el cual pasó de S/ 0,60 a S/ 6 por kilogramo. La Contraloría sostiene que este incremento se realizó sin el debido sustento técnico ni legal, señalando también una presunta responsabilidad administrativa.
Respecto a Jesús Félix, el cuestionamiento recae sobre una presunta gestión deficiente de los equipos informáticos necesarios para el proceso electoral. Específicamente, se señalan retrasos en la preparación y el repliegue de las computadoras e impresoras que fueron utilizadas durante las jornadas de capacitación. Finalmente, Yuvitza Aguilar es señalada por haber respaldado los pagos adicionales al contratista sin contar con el sustento técnico necesario, situación que le acarrea una presunta responsabilidad tanto administrativa como penal.
Ante estas revelaciones, la ONPE confirmó que los cinco funcionarios mencionados siguen laborando en la entidad. La institución precisó que cuatro de ellos son personal de confianza, a excepción de Yuvitza Aguilar, quien pertenece al personal de carrera. La entidad informó que el informe de la Contraloría ya fue remitido a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que se realice el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, señaló en conferencia de prensa que la Secretaría Técnica es la instancia encargada de conducir el proceso administrativo respetando el debido proceso para determinar la sanción pertinente. Pachas evitó adelantar el tipo de sanción que podría aplicarse, subrayando la autonomía del secretario técnico en dicha tarea. No obstante, informó que Juan Phang, exsubgerente de Producción Electoral y otro de los involucrados, ya ha sido suspendido de sus funciones mediante una medida cautelar disciplinaria.
La permanencia de estos funcionarios ha generado posturas divididas entre especialistas. El abogado laboralista Germán Lora explicó que cualquier separación definitiva dependerá de los procedimientos internos de la ONPE sobre faltas graves. Lora indicó que, si la normativa lo permite, se podría suspender la relación laboral, aunque subrayó que esto debería realizarse con goce de haber mientras dure el proceso, asegurando así el derecho fundamental a la defensa y a un procedimiento justo.
En contraste, el especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi manifestó que los funcionarios señalados no deberían continuar un día más en la institución, argumentando que su presencia no genera confianza. Rospigliosi calificó como "gravísima" la situación en la que no solo se otorgó la buena pro a la empresa con el precio más alto, sino que se concedieron beneficios y pagos sobrevaluados. Para el experto, los diez funcionarios mencionados deberían haber sido suspendidos preventivamente para evitar cualquier posible contaminación de las investigaciones.
Finalmente, el reporte indica que los otros cinco funcionarios señalados ya no forman parte de la ONPE. Entre ellos se encuentran Piero Corvetto, exjefe de la institución; José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; y Juan Phang. Asimismo, Lilia Flores y William García, quienes actuaron como evaluadores en la fase de selección, dejaron sus cargos en marzo, antes de la celebración de la primera vuelta electoral.
