El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), una normativa que será remitida al Congreso para su trámite legislativo. Esta ley tiene como objetivo principal adaptar la legislación nacional al Reglamento europeo de IA que ya se encuentra en vigor, estableciendo un marco regulatorio que prioriza la protección de los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana, contemplando sanciones económicas que pueden alcanzar los 35 millones de euros en los casos de incumplimiento más graves.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó que esta ley constituye el "paso definitivo" para reforzar la posición de España como una potencia referente en el desarrollo de una IA competitiva y confiable. El ministro destacó que el país ya es líder en este ámbito, contando con dos fábricas de IA de la Unión Europea, un proyecto de gigafactoría y empresas punteras como Multiverse Computing, además de disponer de ALIA, un modelo de IA propio en español, público y abierto.
López defendió que la norma es un reflejo de la "tercera vía europea", la cual busca combinar la innovación tecnológica y la competitividad económica con la salvaguarda de los derechos. Esta medida responde a una demanda social concreta, ya que el 77% de la población española ha solicitado una mayor protección de sus derechos digitales frente al avance de la inteligencia artificial. Asimismo, el titular de la cartera subrayó la importancia de una visión humanista de la tecnología, alineándose con los mensajes transmitidos recientemente por el Papa en su encíclica sobre la protección de los derechos humanos.
El régimen sancionador detallado en la ley clasifica las infracciones en tres categorías: muy graves, graves y leves. Las sanciones más severas podrán llegar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio de la entidad infractora. En el caso de las infracciones leves, las multas podrán alcanzar los 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio. El Ministerio ha señalado que las autoridades tendrán flexibilidad para adaptar estas sanciones según la gravedad, la intencionalidad o la reincidencia, priorizando la corrección sobre la penalización. Para ello, se contemplan reducciones por pronto pago y medidas correctoras, además de consideraciones específicas para proteger a las startups y pymes.
En términos de supervisión, la ley designa autoridades notificantes y de vigilancia del mercado. Para productos que ya cuentan con regulaciones sectoriales, como vehículos, juguetes, maquinaria o productos sanitarios, se mantendrán las autoridades actuales. Sin embargo, para los sistemas no regulados por legislación de producto, como los aplicados en el ámbito del empleo, la educación o la biometría, la supervisión recaerá principalmente en la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La AESIA funcionará como el punto de contacto único para las cuestiones de supervisión.
Uno de los puntos más críticos de la ley es la prohibición de ciertos sistemas de IA considerados de riesgo inaceptable. Siguiendo los acuerdos de la Unión Europea, queda prohibida la puesta en servicio y el uso de sistemas que generen 'deepfakes' sexuales y la creación o alteración de pornografía infantil. El ministro López alertó sobre casos reales en España donde menores utilizaban herramientas de redes sociales para suplantar personalidades y generar imágenes sexuales de compañeras de clase, práctica que ahora estará estrictamente prohibida.
También quedan vetados los sistemas que utilicen técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento y provocar perjuicios, como chatbots que inciten a personas con adicción al juego a utilizar plataformas de apuestas. Asimismo, se prohíben los sistemas que exploten vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica, citando como ejemplo juguetes con IA que animen a los niños a realizar retos que puedan causar daños físicos graves. La norma prohíbe además la clasificación biométrica de personas por raza, orientación sexual, religiosa o política, así como los sistemas de puntuación social basados en rasgos personales para denegar subvenciones o préstamos.
Finalmente, la ley introduce regulaciones específicas para el sector público estatal. Se creará un inventario de los sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos para aumentar la transparencia y se establecerá la figura del delegado de IA, encargado de asesorar en proyectos y contratación pública. Ambos elementos serán desarrollados mediante Real Decreto. En cuanto a la innovación, la norma regula los 'sandboxes' o espacios controlados de pruebas operados por la AESIA, permitiendo la creación de entornos adicionales por parte de autoridades de vigilancia del mercado, siempre que cuenten con la participación de las autoridades de políticas públicas y de derechos fundamentales.
