La Sala de Decisión de Tutelas número 2 de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un pronunciamiento contundente al rechazar una solicitud de protección ciudadana, fundamentando su decisión en lo que identificó como un uso excesivo y desmedido de este recurso legal. El caso involucra a un ciudadano, quien fue aspirante a la Presidencia de la República, y que ha radicado más de 600 acciones de tutela en diversas ciudades de todo el país.
De la totalidad de estas acciones, se ha precisado que 368 peticiones están dirigidas específicamente contra la Unidad Nacional de Protección (UNP). El solicitante fundamenta sus peticiones alegando que, tras haber retirado su nombre de la contienda electoral, comenzó a recibir amenazas que ponen en riesgo su integridad física y su vida. Bajo este argumento, el ciudadano ha solicitado reiteradamente que se fortalezca el esquema de seguridad que ya tiene asignado, con el objetivo final de obtener un nivel de protección específico, categorizado técnicamente como tipo 4.
No obstante, la Unidad Nacional de Protección (UNP) presentó los argumentos correspondientes ante los jueces, informando que el ciudadano no se encuentra en una situación de peligro inminente que justifique el incremento solicitado. Además, la entidad destacó un punto crítico: el solicitante no ha asistido a los exámenes de riesgo necesarios, los cuales son el procedimiento estándar y obligatorio para evaluar la viabilidad de su petición. La UNP señaló asimismo que el hombre presenta múltiples solicitudes que contienen el mismo contenido, evidenciando una redundancia en sus peticiones.
En el caso particular que originó esta reciente decisión de la Corte, los magistrados encontraron que el ciudadano estaba solicitando lo mismo por tercera vez, dirigiendo su petición contra las mismas autoridades y basándose en los mismos hechos ya analizados previamente. Esta recurrencia fue vista como un intento de saturar el sistema judicial para forzar una respuesta favorable.
El tribunal resaltó un dato alarmante: el hombre manifestó expresamente su intención de presentar otras mil solicitudes similares en el futuro. Ante este panorama, los magistrados explicaron que, si bien los derechos básicos y las libertades de las personas son fundamentales, estos tienen límites claros. Dichos límites son necesarios para asegurar que las instituciones del Estado funcionen de manera adecuada, eficiente y que se respete el derecho de los demás ciudadanos a acceder a la justicia sin dilaciones causadas por el abuso de los recursos. Según la Sala, estas acciones no buscan una protección real, sino que intentan reabrir debates jurídicos que ya fueron cerrados o insistir en pedidos que ya fueron denegados formalmente en instancias anteriores.
Esta práctica de radicar cientos de tutelas ha generado una carga de trabajo pesada y desproporcionada para los juzgados y para la Fiscalía General de la Nación. El impacto no se limita únicamente a las acciones de tutela, ya que el ciudadano también ha iniciado múltiples procesos en otras áreas del derecho utilizando los mismos motivos, lo que contribuye al congestionamiento de la administración de justicia.
Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia ordenó la implementación de una serie de instrucciones estrictas para las oficinas judiciales de Bogotá, Cali y Pasto. A partir de ahora, cada vez que el ciudadano presente una nueva solicitud contra la UNP, tendrá la obligación de adjuntar una copia de esta decisión de la Corte, con el fin de que el juez de turno esté plenamente informado sobre el contexto de abuso del derecho. Asimismo, las oficinas de reparto deberán acompañar cualquier nueva solicitud con el historial completo de todos los procesos que el ciudadano haya iniciado previamente en esas ciudades.
Otra medida relevante es la orden de informar al Consejo Superior de la Judicatura para que los jueces no tramiten sus solicitudes si los escritos contienen palabras irrespetuosas dirigidas contra funcionarios públicos o terceras personas.
Finalmente, la Corte ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue si estas acciones sistemáticas constituyen algún tipo de delito. Adicionalmente, el tribunal autorizó a la UNP y a la administración judicial para que, en caso de considerarlo necesario, inicien los procesos legales pertinentes para recuperar el dinero o reparar los daños económicos y operativos que este uso excesivo de la justicia pudo haber causado. Con estas medidas, el tribunal busca que el ciudadano reflexione sobre el uso correcto y responsable de las herramientas que la ley entrega a los habitantes para defender sus derechos fundamentales.
