Habitantes del sector Santa Cruz Porrillo, ubicado en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, han alzado su voz para denunciar una situación económica crítica derivada de los cobros excesivos en los recibos de agua potable. Según los testimonios recogidos, esta problemática ha persistido desde el pasado mes de noviembre, afectando gravemente el presupuesto de numerosas familias que dependen del servicio brindado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
La magnitud de los incrementos ha dejado atónitos a los usuarios. De acuerdo con los afectados, las facturas, que anteriormente se mantenían en cuotas manejables de aproximadamente 5 dólares, han experimentado un aumento drástico y desmedido, llegando en los casos más graves a montos de hasta 600 dólares. Ante este escenario, la comunidad ha exigido la intervención inmediata de las autoridades competentes para solventar una problemática que consideran injusta e insostenible.
El impacto financiero es evidente en los relatos de los residentes. Una de las mujeres afectadas explicó que los costos se han vuelto impagables, obligándola a recurrir a préstamos externos para evitar caer en mora y perder el servicio. “Primero me había venido de cien. Y como yo no tuve para pagarlo el segundo mes, ya me vino 200. ¿Qué hice yo? Pedir prestado para pagar eso”, manifestó la ciudadana, reflejando la desesperación de quienes ven cómo sus deudas se acumulan sin una explicación clara por parte de la institución.
Para fundamentar sus reclamos, los habitantes de Santa Cruz Porrillo recordaron que entre los años 2013 y 2021 pagaban una cuota fija de 2.29 dólares por el servicio de agua. Esta tarifa, según aseguran, estaba diseñada específicamente para beneficiar a las familias más vulnerables de la zona. Como prueba de ello, los denunciantes presentaron recibos que evidencian dichos pagos, los cuales consideran una tarifa justa y acorde a su realidad económica.
Los afectados señalaron un punto de inflexión en la gestión administrativa de la entidad. Afirmaron que hasta el año 2021, bajo la gestión del expresidente de ANDA, Frédéric Benítez, la tarifa se mantuvo estable en los 2.29 dólares mencionados. Sin embargo, denuncian que con los cambios en la presidencia de la institución y la llegada de nuevas administraciones, los cobros comenzaron a incrementarse de manera gradual hasta alcanzar las cifras exorbitantes que hoy reportan, llegando incluso a los 300 y 600 dólares.
La indignación de la comunidad se acentúa al contrastar estos cobros con los ingresos reales de la población rural. “La gente ganando 8 dólares en el campo, pobremente, ¿y cómo va a alcanzar para pagar recibos de 60 dólares? ¿Cómo será posible que paguen también recibos de energía de 35 o 50 dólares?”, cuestionaron los denunciantes. Para los habitantes, el proyecto de agua se ha vuelto totalmente insostenible para las familias desprotegidas económicamente.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, los afectados hicieron un llamado directo al presidente de la República, Nayib Bukele, solicitando su intervención personal. Piden que se nombre al frente de ANDA a personas que posean “conciencia humana”, argumentando que quienes toman las decisiones desde oficinas administrativas ignoran la realidad del campo. “Porque sentados detrás de un escritorio no se van a dar cuenta de la problemática que vivimos nosotros en el campo”, afirmaron tajantemente.
Además de la revisión de las tarifas, la comunidad denunció una grave deficiencia en el mantenimiento técnico de la red hídrica. Aseguran que existen numerosas fugas en el proyecto que no han sido atendidas, y sostienen que esas pérdidas de agua están siendo cargadas financieramente a la población. Lamentaron que, a pesar de contar con cuadrillas de trabajadores, la supervisión es nula, indicando que apenas llegan a cubrir una fuga al mes y pueden pasar hasta un año sin realizar nuevas revisiones.
Finalmente, los residentes de Santa Cruz Porrillo enfatizaron que el acceso al agua es un derecho fundamental que no debe ser vulnerado. “La población tiene derecho a salud, educación y agua. ¿Por qué les van a quitar ese derecho? Solo Dios puede quitar ese derecho y nadie más”, concluyeron, reiterando su petición de que se revisen todos los archivos del proyecto y se restablezca una tarifa humana y justa para la comunidad.
