El proceso de participación ciudadana del anteproyecto de Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para el valle central de la región de Ñuble llegó a su fin el miércoles pasado. El instrumento, impulsado por la Seremi de Medio Ambiente, recibió un total de 28 observaciones provenientes de ciudadanos y representantes de los sectores público y privado, quienes emitieron sus solicitudes durante un periodo de consulta pública que se extendió por 87 días, desde el 23 de febrero hasta el 20 de mayo de 2026.
Esta estrategia ambiental establece una hoja de ruta detallada para reducir significativamente la contaminación por material particulado fino (MP2,5) y grueso (MP10) en una zona declarada saturada en 2023. El área afectada abarca las comunas de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Coihueco, Chillán, Chillán Viejo, Pinto, Bulnes, Quillón, San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay. El objetivo central es revertir el estado de saturación ambiental, fijando metas de reducción del 65% en las concentraciones diarias y del 31% en el promedio anual de MP2,5, además de disminuir el MP10, contaminante estrechamente vinculado a la combustión de leña.
Para alcanzar estos objetivos, el plan contempla medidas como el acondicionamiento térmico de las viviendas, la implementación de sistemas de calefacción eficientes, la mejora en la calidad de la leña y la diversificación de la matriz energética para la calefacción, sumado a programas de educación para la población. Asimismo, se incluyen regulaciones para las emisiones provenientes de actividades económicas, tales como el transporte, quemas e industrias (procesos y calderas), además del control de gases como el SO2, que contribuyen a la formación secundaria de MP2,5.
Desde la Seremi de Medio Ambiente, la autoridad Angélica Cuevas enfatizó que el PDA no tiene como propósito prohibir el uso de leña, sino promover un uso responsable basado en la oferta de leña certificada y sistemas eficientes. No obstante, se establecen plazos estrictos: las comunas que ingresan al plan deberán eliminar los artefactos hechizos, de cámara simple o salamandras en un plazo de cinco años. En el caso de Chillán y Chillán Viejo, esta medida aplicará desde la entrada en vigencia del plan debido a su nivel de cumplimiento previo. Para reparticiones públicas y establecimientos comerciales, el plazo de eliminación es de tres y cuatro años, mientras que los proyectos de nuevas viviendas deberán contar con sistemas de calefacción que no utilicen leña a los dos años de vigencia del PDA.
Uno de los puntos más debatidos fue la prohibición de quemas agrícolas y de sotobosque entre el 15 de mayo y el 15 de agosto de cada año, salvo resolución fundada de Sernafor o días de episodios críticos. Christian Jean-Michel Prat, de la asociación de productores orgánicos certificados de Ñuble, abogó por erradicar totalmente estas prácticas mediante técnicas de siembra directa y chipeo, argumentando que las quemas tienen consecuencias desastrosas sobre los suelos.
En contraposición, Silvia Andrea Hormazábal Gutiérrez y Jorge Luis Alvear Orellana manifestaron su preocupación por esta prohibición temporal. Argumentan que el fuego técnico controlado es una herramienta preventiva esencial para evitar incendios forestales de grandes proporciones, especialmente ante los desafíos del cambio climático. Hormazábal sugirió diferenciar las restricciones entre sectores rurales y urbanos para no comprometer la seguridad pública. Por su parte, Blanca Filomena Faúndez Godoy denunció el daño físico y psicológico que las columnas de fuego provocan en comunidades educativas rurales, proponiendo la creación de cooperativas comunales para procesar la biomasa sin quemarla.
Otros ciudadanos, como Patricio Flores Yévenes, defendieron el derecho a la calefacción a leña por ser la alternativa más económica para adultos mayores y sectores vulnerables. En esa línea, Roberto Esteban Herrera Cofré advirtió sobre la pobreza energética en zonas rurales y sugirió que la transición tecnológica sea gradual y diferenciada territorialmente. A su vez, Leonardo Roberto Márquez Espinoza propuso incentivar el uso de electrofiltros para capturar material particulado en estufas a leña.
El sector público también presentó observaciones. El Servicio Local de Educación Punilla Cordillera solicitó plazos diferenciados y financiamiento especial para escuelas rurales debido a la baja eficiencia térmica y las interrupciones del suministro eléctrico. Por otro lado, la Seremi de Salud de Ñuble propuso eliminar artículos relacionados con el control de aire de calderas residenciales por considerarlos irrealizables técnicamente, y sugirió que el horario de prohibiciones en episodios críticos sea uniforme (de 18:00 a 23:59 hrs) para evitar confusiones.
Finalmente, el sector industrial manifestó inquietudes. Corma consideró insuficiente el periodo establecido para las quemas preventivas. La empresa Iansagro cuestionó los límites de emisión de material particulado y dióxido de azufre para calderas, calificándolos de excesivamente estrictos y desproporcionados, además de señalar que el plazo de 36 meses para el cumplimiento es insuficiente para procesos de ingeniería complejos. Beneo Orafti Chile S.A. solicitó que la obligación de instalar sistemas de monitoreo continuo (CEMS) dependa del desempeño ambiental real de la caldera y no solo de su potencia térmica.
La Seremi de Medio Ambiente informó que todas las observaciones serán analizadas técnicamente en un plazo aproximado de 45 días. Las propuestas viables serán incorporadas en la versión final del plan, que posteriormente será ingresada al Consejo de Ministros para la emisión del decreto final.
