El Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Colombia, atravesó recientemente una crisis institucional que estuvo a punto de provocar la ruptura definitiva de sus vínculos con el gobierno de Francia. El pasado jueves, la institución se encontró al borde de perder el respaldo académico y financiero del Estado francés, una situación que habría comprometido la estabilidad y la esencia misma del centro educativo.
La gravedad de la situación radica en el impacto financiero y pedagógico que implicaría tal desvinculación. Actualmente, el gobierno francés transfiere anualmente cerca de 10 millones de euros para el funcionamiento del colegio. Sin estos fondos, la institución quedaría desfinanciada. Más allá del aspecto económico, la pérdida del convenio significaría que la formación impartida ya no estaría alineada con los estándares de los mejores colegios públicos de Francia. Como consecuencia directa, los graduados perderían el derecho a recibir el diploma del Baccalauréat, el exigente bachillerato francés, y se terminaría la llegada de profesores enviados desde Francia bajo los estrictos criterios de calidad del país europeo.
La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión celebrada en la embajada de Francia. En este encuentro participaron el rector del colegio, Maxime Prieto; delegados del ministerio francés; miembros del consejo de administración del Liceo y el embajador de Francia en Colombia, Silvain Itté. Según las fuentes, el ambiente fue tenso y la decisión de terminar el convenio ya estaba tomada por el gobierno francés. Esta determinación fue el resultado de múltiples incumplimientos por parte del Consejo de Administración respecto a los compromisos asumidos ante el Estado francés, sumado a las constantes críticas que dicho órgano ha lanzado contra la gestión del rector.
Sin embargo, el proceso de desvinculación fue detenido momentáneamente tras la reacción masiva de decenas de padres de familia, quienes manifestaron su preocupación luego de que la situación fuera difundida durante la mañana del jueves por Caracol Radio.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la composición y gestión del Consejo de Administración. Actualmente, este órgano está integrado por 15 exalumnos y padres de familia, una cifra que el ministerio francés considera una rareza y una anomalía, dado que la comunidad educativa supera las 2.000 familias. El gobierno francés ha señalado una evidente falta de representatividad y solicitó cambios para corregir esta situación, petición que no fue atendida por el Consejo.
Asimismo, el Estado francés, basándose en su aporte anual de 10 millones de euros, solicitó formalmente integrar el Consejo de Administración y ser consultado en decisiones estratégicas, especialmente en lo referente a transacciones inmobiliarias o la gestión de obras de gran envergadura. No obstante, el Consejo rechazó estas propuestas. Fuentes cercanas al caso, confirmadas por 6AM W de Caracol Radio, indican que el Consejo de Administración no rinde cuentas, evidenciando fallas graves en términos de gobernanza y transparencia.
Desde hace varios años, un grupo específico dentro del Consejo se ha consolidado como una oposición sistemática a los rectores enviados por Francia. Se señala que este grupo ha bloqueado deliberadamente la participación de la Embajada de Francia y ha restringido el flujo de información hacia el gobierno francés, utilizando como argumento que las discusiones del Consejo están protegidas por el secreto y la confidencialidad.
En este escenario, y sin presentar pruebas ni argumentos concretos, comenzaron a circular desde el Consejo rumores sobre supuestos actos de corrupción cometidos por el rector. Paralelamente, se ha revelado que este mismo grupo estableció contacto con un fondo de inversión interesado en adquirir el colegio. El objetivo no sería únicamente la explotación del centro como negocio, sino aprovechar la ubicación del inmueble, situado en un barrio con uno de los metros cuadrados más costosos de Colombia, convirtiéndolo en una joya inmobiliaria.
La situación ha escalado a niveles alarmantes en cuanto a la seguridad de la comunidad. Padres de familia relatan que, al cuestionar a los miembros del Consejo sobre la naturaleza de estos negocios, han recibido amenazas directas. Algunos padres reportaron advertencias de que romperían sus vehículos a pedradas, mientras que otros recibieron amenazas veladas sobre la seguridad de sus hijos, sugiriendo que podrían sufrir "accidentes" como caerse por las escaleras. Estos hechos ya han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes.
