Un grupo de organizaciones dedicadas a la salud pública y la prevención del tabaquismo ha presentado una demanda formal a la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud), instándola a retirar inmediatamente su apoyo institucional a una jornada sobre tabaquismo que mantiene vínculos directos con la multinacional Philip Morris. La petición, liderada por la ONG 'Nofumadores.org', cuenta con el respaldo de la Asociación de Afectados por Tabaquismo de Extremadura (ATAEX), la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) y la organización Acción en Tabaco y Salud (ASH).
El conflicto se centra en la 'Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo', un evento programado para el próximo 21 de mayo en la Casa de la Cultura de Talayuela, en la provincia de Cáceres. Según denuncian las entidades firmantes, este encuentro es organizado por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE) y cuenta con la financiación de Philip Morris International. Esta relación financiera es el núcleo de la controversia, ya que las organizaciones consideran que la participación de una entidad sanitaria pública en un evento financiado por la industria del tabaco es inadmisible.
Raquel Fernández Megina, presidenta de 'Nofumadores.org' y tesorera de la ENSP, ha sido tajante al calificar la situación. Según Fernández Megina, no se trata de un debate científico legítimo, sino de un "caso de manual de interferencia de la industria del tabaco en las políticas públicas de salud". En este sentido, la representante ha solicitado que FundeSalud actúe con la coherencia propia de una entidad sanitaria pública y que las demás instituciones implicadas reconsideren su papel en la organización de dicha jornada.
Para fundamentar su petición, las organizaciones han remitido una carta conjunta en la que alertan sobre la vulneración directa del artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT), un tratado suscrito por España en el año 2003. De acuerdo con las entidades, este artículo no constituye una simple recomendación, sino una obligación legal que obliga a las Administraciones públicas a proteger sus políticas de salud pública contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.
La denuncia subraya que existe un "conflicto fundamental e irreconciliable" entre los intereses de las empresas tabacaleras y los objetivos de las políticas de salud pública, siguiendo las directrices de aplicación adoptadas por la Conferencia de las Partes de la OMS. En este contexto, las organizaciones critican que FundeSalud preste su nombre a un evento financiado por una industria responsable de la mayor cantidad de muertes evitables en el mundo.
Además del apoyo de FundeSalud, las organizaciones han puesto el foco en la implicación de otras administraciones. Han señalado que la jornada cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento de Talayuela, destacando que este último municipio es una de las principales zonas productoras de tabaco en España. Asimismo, denuncian que la difusión del evento se ha realizado a través de los canales institucionales del Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que agrava la percepción de contradicción institucional.
Otro punto crítico abordado en la demanda es la naturaleza de la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE). Las organizaciones recuerdan que dicha cátedra fue creada con el apoyo expreso de Philip Morris International, dato que, según afirman, es público y figura en su propia página web.
Respecto al concepto de "reducción del daño", Fernández Megina ha advertido que esta narrativa es una de las estrategias contemporáneas más relevantes de la industria para sostener su modelo de negocio y ganar legitimidad ante las instituciones sanitarias. Según la presidenta de 'Nofumadores.org', cuando una universidad pública y una fundación pública sanitaria participan en eventos de este tipo, la industria no está adquiriendo ciencia, sino "respetabilidad institucional".
Finalmente, las entidades han recordado que el acuerdo 'Productos del tabaco y relacionados: implicación de su consumo en la salud pública', adoptado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), desaconseja sin matices el consumo tanto del tabaco tradicional como de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. En este marco, consideran que la participación de FundeSalud es especialmente contradictoria con su propia misión, añadiendo además que la fundación carece actualmente de un plan de actuación frente al tabaquismo.
