La situación en el Eje Cafetero ha alcanzado un nuevo punto de tensión luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, presentara una propuesta formal para poner término a la concesión de las Autopistas del Café. El mandatario sugirió que, una vez finalice el contrato actual en el año 2027, el corredor vial no debería continuar bajo el modelo de concesión privada, sino que la infraestructura debe regresar a manos de la Nación.
Este anuncio se produce en un contexto crítico, marcado por persistentes protestas y bloqueos en diversos puntos estratégicos de la región. Las comunidades locales han manifestado su rechazo frontal tanto a los cobros actuales de los peajes como a la posibilidad de que el modelo concesionado sea extendido a través de la implementación de un nuevo proyecto vial.
En un pronunciamiento oficial, el presidente Gustavo Petro detalló que su propuesta busca evitar que la gestión de estas vías permanezca en manos privadas más allá del vencimiento contractual. Para lograr la eliminación de los peajes, el jefe de Estado planteó dos rutas posibles: la primera consiste en comprar la parte restante de la concesión que tiene vigencia hasta 2027; la segunda opción implica que el presupuesto nacional asuma el costo de los peajes hasta que el contrato llegue a su fin natural.
Mientras se desarrolla este debate político y administrativo, la movilidad en la zona sigue viéndose afectada. Se han reportado bloqueos activos en peajes clave como el de Bernardo, Santagueda, Tarapacá II y el cruce de Guayabal. Estas manifestaciones son la expresión del inconformismo ciudadano frente a los costos asociados al uso del corredor vial y la incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura en la región.
Uno de los focos principales del descontento es el proyecto denominado IP Conexión Centro. Se trata de una iniciativa de infraestructura 5G basada en el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Este ambicioso proyecto tiene como objetivo la construcción, mejora y operación de aproximadamente 317 kilómetros de vías que conectan las ciudades de Manizales, Pereira, Armenia y Calarcá.
Esta iniciativa ha sido blanco de duras críticas por parte de sectores legislativos. Santiago Osorio, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, ha calificado el proyecto como una estrategia diseñada para prolongar el control privado sobre las carreteras del Eje Cafetero. Según Osorio, esta sería una "manera creativa" mediante la cual el Grupo Empresarial Antioqueño y la empresa Odinsa buscarían mantener el control financiero y operativo de las vías por otros 30 años, utilizando los recursos provenientes de la región.
El congresista Osorio ha sido enfático en señalar la situación de Manizales, asegurando que la ciudad se encuentra "sitiada por cuatro peajes" y que la población ya no tolera lo que él describe como la "mezquindad" de aquellos que se han enriquecido a través del cobro a los usuarios. Debido a su postura, el representante ha acompañado activamente las protestas ciudadanas y ha participado en la instalación de una mesa técnica con el Gobierno nacional para buscar una salida a la crisis.
Desde la gestión gubernamental, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha informado que se están tomando medidas para mitigar la conflictividad. Equipos técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en coordinación con funcionarios de Invías y el Ministerio de Transporte, ya han iniciado diálogos con los manifestantes para escuchar sus demandas y analizar la viabilidad de las propuestas.
El Gobierno ha confirmado que las mesas técnicas de trabajo continuarán el próximo martes. En estas reuniones participarán delegados de la ANI, así como representantes de los ministerios del Interior y de Transporte. El objetivo primordial de estos encuentros es alcanzar acuerdos concretos que permitan reducir la tensión social y evitar que se produzcan nuevas afectaciones en la movilidad del corredor vial del Eje Cafetero.
