Un reciente informe de seguimiento elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre el llamado Compromiso por un proceso electoral libre y en paz ha puesto al descubierto una situación alarmante respecto al estado del debate democrático en el país. El documento, que analiza el comportamiento comunicativo de las 13 candidaturas presidenciales, revela que, si bien existe un respeto formal hacia las instituciones que se mantiene en un nivel aceptable del 91%, la interacción real entre los aspirantes está marcada por una realidad tóxica.
El hallazgo más crítico del informe se centra en la veracidad de la información. El compromiso con la difusión de datos reales ha caído a un nivel crítico del 3,8%, mientras que los esfuerzos por combatir la estigmatización apenas alcanzan el 14,1%. Según la Defensoría, esta degradación del lenguaje es un factor de riesgo para los derechos políticos, especialmente ante la proximidad de los comicios del próximo 31 de mayo, ya que la confrontación agresiva tiende a intensificarse a medida que se acerca la fecha de votación.
El análisis detalla que en el 85,8% de los mensajes evaluados bajo los criterios de lenguaje constructivo hubo un incumplimiento. Esta falla se manifiesta a través del uso recurrente de adjetivos descalificativos y la implementación de etiquetas diseñadas para asociar a los rivales políticos con prácticas criminales. Esta violencia discursiva ha provocado una polarización profunda, transformando la competencia política en una disputa existencial. En este escenario, el oponente deja de ser visto como un contradictor legítimo para ser percibido como un enemigo que debe ser eliminado del escenario público.
El informe señala que los candidatos han dejado de debatir programas de gobierno para presentar a sus contrincantes como peligros estructurales vinculados al autoritarismo o al colapso de la patria. Esta situación se ve agravada por lo que el organismo denomina certeza retórica: la práctica de presentar hipótesis o interpretaciones personales como hechos consumados. De esta manera, se instalan narrativas sobre fraudes, ilegalidades o alianzas con grupos armados sin que se aporte una sola prueba o fuente que pueda ser contrastada. Además, se evidenció una ausencia casi total de rectificaciones; de todos los casos analizados, solo se registró una rectificación proveniente de una candidatura que no había suscrito el compromiso.
Existe una diferencia abismal de 47,8 puntos porcentuales en la calidad del debate según la adhesión al compromiso de la Defensoría. Quienes suscribieron el acuerdo —Claudia López, Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo (quien luego renunció para adherirse a Cepeda), Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra Macollins— alcanzan un nivel de alineación del 50%. Por el contrario, las candidaturas que se negaron a firmar el documento —Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Ómar Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Santiago Botero— presentan una alineación con la veracidad y el lenguaje respetuoso de apenas el 2,2%. A este grupo se le atribuyen 64 de los 73 hechos identificados de uso de etiquetas estigmatizantes y adjetivos descalificativos, con un nivel de alineación en lenguaje constructivo de solo el 1,5%.
Para llegar a estas conclusiones, la Defensoría analizó un universo de 28.184 datos recopilados entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril, utilizando tres fuentes: 15.892 publicaciones de la red social X, 12.292 noticias de medios nacionales y regionales, y formularios de autorreporte, aunque solo una campaña diligenció este último. Debido al volumen de datos, se empleó inteligencia artificial mediante los modelos BERT Spanish, para interpretar el contexto y clasificar los contenidos, y GPT 4.1 mini, para categorizar los niveles de cumplimiento. Tras este filtrado, se seleccionaron 2.208 datos relevantes (1.254 trinos y 954 noticias) para la evaluación final.
Finalmente, la Defensoría advierte sobre una paradoja peligrosa: mientras los candidatos rechazan públicamente la violencia física, utilizan un lenguaje que estigmatiza y descalifica. El organismo hizo un llamado urgente a ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, advirtiendo que, si no se frena esta tendencia, la violencia verbal podría escalar a escenarios de violencia física antes de las elecciones.
