El Ministerio de Ambiente de Colombia anunció la implementación de un protocolo de eutanasia para controlar la creciente población de hipopótamos, descendientes de los animales introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar. La medida, considerada de último recurso, se justifica por los riesgos que esta especie invasora representa para los ecosistemas nativos y la seguridad humana.
Los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora en Colombia en 2022. Al no contar con depredadores naturales en el país, su población ha experimentado un crecimiento acelerado desde su introducción en la Hacienda Nápoles, propiedad de Escobar, en la década de 1980. Inicialmente, la intención era enriquecer la colección zoológica privada del narcotraficante, pero tras su muerte y el abandono de la hacienda, los hipopótamos se dispersaron por los ríos y humedales de la región.
Según un censo realizado en 2022, se estimaban 169 individuos. Sin embargo, las estimaciones actuales indican que la población ya supera los 200 ejemplares y, de no tomarse medidas, podría alcanzar las 500 en 2030 y hasta 1.000 en 2035. Este crecimiento exponencial plantea serias amenazas para la biodiversidad local.
Las autoridades ambientales advierten que los hipopótamos alteran la calidad del agua debido a sus hábitos de defecación, afectando la flora y fauna acuática. Además, representan un peligro para especies nativas como el manatí y la tortuga de río, con las que compiten por recursos y hábitat. También existe preocupación por el riesgo que representan para las comunidades locales, debido a su tamaño y comportamiento territorial.
Durante una rueda de prensa, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que en los últimos seis meses se han realizado gestiones para reubicar a los hipopótamos en al menos siete países, sin obtener resultados positivos. Las restricciones internacionales, derivadas de convenios que regulan el comercio y la transferencia de especies protegidas, han sido el principal obstáculo.
La ministra Vélez enfatizó que no basta con el interés expresado por zoológicos o santuarios, ya que se requiere el aval oficial de los gobiernos receptores. La falta de respuestas favorables, e incluso el silencio de algunos países, evidencia la ausencia de voluntad política para acoger a estos animales.
Ante la imposibilidad de encontrar soluciones de reubicación, el Ministerio de Ambiente ha optado por la eutanasia como medida de control. El plan también contempla el confinamiento de algunos individuos, aunque se reconoce que esta estrategia no reduce la población, sino que solo frena su crecimiento. Además, el confinamiento implica altos costos y complejidades logísticas, como la castración y el mantenimiento en cautiverio.
Para llevar a cabo el plan de control, el Ministerio de Ambiente ha asignado 7.200 millones de pesos (aproximadamente 1,7 millones de dólares) a través del Fondo Vida y Biodiversidad. Los proyectos serán estructurados hasta mayo y ejecutados en el segundo semestre de 2026, concentrándose en dos áreas con alta densidad poblacional de hipopótamos: la Isla del Silencio (ubicada entre Antioquia y Boyacá, en el Magdalena Medio) y la Hacienda Nápoles.
El Ministerio proyecta intervenir cerca de 80 hipopótamos durante el próximo semestre, como parte de la primera fase del plan de control. Los recursos serán distribuidos entre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con presencia de estos animales, incluyendo Cornare, CAS, Corantioquia y Corpoboyacá.
La ministra Vélez aclaró que la ejecución del plan comenzará una vez finalice la ley de garantías, en junio, momento en el que se suscribirán los convenios necesarios para poner en marcha las medidas en terreno. Se espera que la eutanasia se realice de manera humanitaria, siguiendo protocolos veterinarios rigurosos.
La decisión de recurrir a la eutanasia ha generado controversia entre organizaciones animalistas y defensores de los derechos de los animales, quienes argumentan que existen alternativas menos drásticas. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente defiende la medida como necesaria para proteger los ecosistemas colombianos y garantizar la seguridad de las comunidades locales. La situación plantea un dilema ético y ambiental complejo, que pone de manifiesto las consecuencias imprevistas de la introducción de especies exóticas y la necesidad de una gestión responsable de la biodiversidad. El caso de los hipopótamos de Escobar se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta Colombia en la conservación de su patrimonio natural.
