La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha advertido que la reciente ola de denuncias por acoso sexual en Colombia no son casos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que permea diversas instituciones y espacios de la sociedad. El pronunciamiento se produce en un contexto donde figuras públicas de alto perfil han sido señaladas, generando un movimiento que se asemeja al "Me Too" a nivel global.
Marín enfatizó que el acoso sexual no se limita a un sector específico, sino que se presenta en instituciones, empresas, universidades, espacios comunitarios e incluso en lugares cotidianos como el transporte público y los colegios. Esta violencia extendida, según la defensora, no distingue entre niveles de poder y exige una respuesta institucional profunda y estructural.
Uno de los aspectos más críticos señalados por la Defensoría del Pueblo es la asimetría de poder. Marín explicó que denunciar estas conductas se vuelve más complejo cuando el presunto agresor ocupa una posición de influencia política, económica, institucional o académica, o goza de un amplio reconocimiento social. Esta dinámica, históricamente, ha facilitado la agresión, normalizado las conductas y contribuido a la impunidad.
La urgencia de la declaración de la Defensoría se da en un momento en que varias instituciones han tomado medidas significativas. Caracol Televisión, por ejemplo, rescindió los contratos de los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tras recibir denuncias y activar los protocolos legales correspondientes.
La Defensoría del Pueblo también recordó otros casos relevantes que han surgido en los últimos años. Se mencionó el respaldo de periodistas a una colega que denunció en 2019 a Hollman Morris, así como el testimonio de la abogada Ana Bejarano sobre acoso sexual dentro de la Corte Constitucional. En el ámbito deportivo, el jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, fue denunciado por presunto abuso sexual en Rionegro, lo que llevó a su salida inmediata del equipo.
La Defensora del Pueblo también alertó sobre las barreras que enfrentan las víctimas al intentar denunciar, lo que explica por qué muchas no lo hacen de manera inmediata. Entre estas barreras se encuentran el miedo a las represalias laborales, la estigmatización social y la desconfianza en el sistema de justicia. Estas preocupaciones, según Marín, son fundamentales para comprender la magnitud real del problema y la necesidad de generar entornos seguros para las denuncias.
Si bien la Defensoría reconoce los avances institucionales, como las políticas de equidad de género implementadas por la Corte Constitucional y los pronunciamientos de la Fiscalía, insiste en que estos esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud del problema. Se requiere, según la defensora, un cambio cultural profundo y una mayor inversión en la prevención y la atención a las víctimas.
Marín hizo un llamado a todas las instituciones y a la sociedad en general a tomar conciencia de la gravedad del problema y a trabajar en conjunto para erradicar el acoso sexual. Esto implica fortalecer los mecanismos de denuncia, garantizar la protección de las víctimas y promover una cultura de respeto e igualdad. La defensora también enfatizó la importancia de la educación y la sensibilización como herramientas clave para prevenir el acoso sexual y fomentar relaciones saludables.
La Defensoría del Pueblo se compromete a seguir trabajando en la defensa de los derechos de las víctimas y en la promoción de políticas públicas que contribuyan a la erradicación del acoso sexual en Colombia. Se espera que este pronunciamiento sirva como un catalizador para impulsar acciones concretas y generar un cambio significativo en la sociedad. La situación actual exige una respuesta integral y coordinada que involucre a todos los actores relevantes, desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil. El objetivo final es crear un entorno donde todas las personas puedan vivir libres de acoso y violencia sexual.
