El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dictaminó la absolución de un capitán de Carabineros acusado de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social de 2019. La decisión, que ha generado debate y controversia, se fundamenta en la insuficiencia de pruebas presentadas por la fiscalía para establecer la participación directa del oficial en los hechos denunciados. La falta de reconocimiento por parte de la víctima y testigos clave, sumada a inconsistencias en la evidencia sobre el lugar exacto de los acontecimientos, fueron factores determinantes en el fallo.
La acusación formal contra el capitán se basaba en el presunto uso indebido de la fuerza, específicamente el disparo de perdigones que habrían causado lesiones a un manifestante en medio de las protestas que sacudieron el país a fines de 2019. La fiscalía argumentó que el capitán, en su calidad de mando en el lugar de los hechos, era responsable de las acciones de su personal y que existían indicios suficientes para someterlo a juicio. Sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral, la defensa del capitán cuestionó la validez de las pruebas presentadas y argumentó que no existía una conexión directa entre su cliente y las lesiones sufridas por la víctima.
El fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar detalla que la víctima no pudo identificar positivamente al capitán como el autor de los apremios ilegítimos. De igual manera, los testigos presentados por la fiscalía no lograron proporcionar un testimonio concluyente que vinculara al acusado con los hechos. Esta falta de reconocimiento directo, según el tribunal, generó una duda razonable sobre la culpabilidad del capitán.
Además de la falta de identificación, el tribunal señaló que la evidencia presentada sobre el lugar exacto donde se produjeron los hechos era contradictoria y poco clara. Las descripciones de la víctima y los testigos sobre la ubicación de los incidentes variaban, lo que dificultó la reconstrucción precisa de los acontecimientos y la determinación de la responsabilidad del capitán. Esta incertidumbre sobre el lugar de los hechos, según el fallo, impidió confirmar si el capitán se encontraba realmente en el lugar y momento en que se cometieron los apremios ilegítimos.
El tribunal también criticó a la fiscalía por no haber agotado todas las diligencias investigativas necesarias para descartar la participación de otros posibles involucrados. Se argumentó que la investigación se centró excesivamente en el capitán, sin explorar a fondo otras líneas de investigación que podrían haber llevado a identificar a los verdaderos responsables de las lesiones sufridas por la víctima. Esta omisión, según el tribunal, generó una laguna en la investigación y debilitó la acusación contra el capitán.
La sentencia enfatiza el principio fundamental del derecho penal que establece la presunción de inocencia y la necesidad de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. El tribunal concluyó que, en este caso, la fiscalía no logró cumplir con esa carga probatoria y que, por lo tanto, no era posible condenar al capitán.
La absolución del capitán ha generado reacciones encontradas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del estallido social han expresado su decepción y han cuestionado la efectividad de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Argumentan que la falta de condenas en estos casos perpetúa la impunidad y socava la confianza en las instituciones.
Por otro lado, sectores de la policía y defensores del capitán han celebrado la decisión del tribunal y han afirmado que se ha hecho justicia. Argumentan que el capitán fue injustamente acusado y que su reputación ha sido dañada por las acusaciones infundadas.
El caso del capitán de Carabineros es solo uno de los muchos que se han derivado del estallido social de 2019 y que han llegado a los tribunales de justicia. A lo largo de los últimos años, se han presentado numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas, incluyendo casos de apremios ilegítimos, torturas y homicidios. Sin embargo, hasta la fecha, las condenas han sido escasas y la mayoría de los casos se han cerrado sin que se haya hecho justicia para las víctimas.
La absolución del capitán de Carabineros en Viña del Mar pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la justicia chilena para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. La falta de pruebas concluyentes, las dificultades para identificar a los responsables y la falta de voluntad política para avanzar en las investigaciones son algunos de los obstáculos que impiden que se haga justicia para las víctimas del estallido social.
Este fallo, sin duda, reabrirá el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en Chile y de garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación integral. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación sigue siendo un desafío pendiente para el país. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos continuarán trabajando para exigir que se haga justicia para las víctimas del estallido social y para prevenir que se repitan estos hechos en el futuro.
