La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra sumida en una escalada de violencia que amenaza con desestabilizar la región y generar una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo, grupos ilegales que disputan el control territorial, han dejado un saldo trágico de muertos, heridos, desplazamientos forzados y confinamientos, especialmente afectando a las comunidades indígenas ancestrales. La situación, según expertos y organizaciones de derechos humanos, exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado colombiano.
El conflicto, que se ha intensificado entre 2023 y 2026, no se limita a una lucha por el poder. José Humberto Torres, director de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, explica que ambos grupos paramilitares buscan controlar las rutas estratégicas del narcotráfico que conectan la Sierra Nevada con el Caribe, así como los corredores entre Magdalena, Cesar y La Guajira. Además, se disputan el control de economías ilegales como la extorsión, el microtráfico y el control social armado, ejerciendo un férreo dominio sobre la población local.
Los enfrentamientos se han extendido desde el municipio de Aracataca, donde se ubica la comunidad indígena de Serankwa, hasta sectores de Ciénaga, Fundación y zonas rurales de Santa Marta. La comunidad de Serankwa, ubicada en una zona estratégica que conecta territorios ancestrales de la Sierra con corredores hacia el Caribe, se ha convertido en un punto focal de la confrontación. Los combates directos han afectado también a otros asentamientos arhuacos como Gumaku, Seynurwa y Jechika, dejando a sus habitantes confinados y aterrorizados.
Según los reportes hasta el 12 de marzo, al menos tres indígenas arhuacos han sido asesinados, doce han resultado heridos y varias personas han desaparecido. La vereda La Fuente, en el corregimiento de Cerro Azul, ha sido escenario de enfrentamientos de más de 48 horas continuas, obligando a decenas de familias a desplazarse por el fuego cruzado. Cerro Azul, considerada una puerta de entrada a la Sierra Nevada, es un corredor clave de movilidad en la montaña, con acceso a territorios indígenas, caminos hacia La Guajira y el Cesar, lo que la convierte en un objetivo estratégico para los grupos armados.
La expansión del conflicto hacia otros municipios de la Sierra Nevada, como Ciénaga (corregimientos de Palmor, San Javier y San Pedro), Fundación (vereda El Cincuenta) y zonas rurales cercanas a Santa Marta, evidencia la magnitud de la crisis. En estas áreas también se han registrado desplazamientos, confinamientos y control armado de la población, lo que agrava la situación humanitaria.
Ante este panorama desolador, José Humberto Torres insiste en la necesidad de que el Estado proteja a la población civil que se encuentra en la línea roja del conflicto. Propone la construcción de corredores humanitarios para evacuar heridos y permitir la movilidad segura de las comunidades indígenas, así como la presencia permanente de misiones humanitarias como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Cruz Roja, y la provisión inmediata de atención médica y alimentaria a las comunidades confinadas.
Torres enfatiza la importancia de brindar protección especial a niños, mujeres y autoridades indígenas, en cumplimiento del principio de protección de civiles del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los Convenios de Ginebra. Además, subraya la necesidad de que el Estado recupere el control territorial de la zona, estableciendo una presencia permanente de la Fuerza Pública, desmantelando las economías ilegales y creando bases de seguridad rural en zonas críticas.
La política de ‘Paz Total’ del Gobierno colombiano también juega un papel crucial en la resolución del conflicto. Torres considera que es fundamental llevar a cabo procesos de sometimiento o negociación con las estructuras armadas, establecer compromisos verificables de cese de hostilidades contra civiles y contar con mecanismos internacionales de verificación.
Sin embargo, la paz no se logrará solo con negociaciones. Es necesario contribuir al desarrollo territorial de las zonas afectadas, con una presencia institucional efectiva y políticas estructurales que incluyan la construcción de vías y servicios básicos, la implementación de educación intercultural, el acceso a la salud y el apoyo a las economías comunitarias. La ausencia del Estado durante décadas ha permitido que los grupos armados ejerzan control social y económico, lo que perpetúa el ciclo de violencia.
La protección del territorio indígena es otro aspecto fundamental. Torres propone fortalecer las guardias indígenas, implementar mecanismos de protección colectiva para las comunidades y garantizar el respeto al territorio ancestral y a la autonomía indígena, en consonancia con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 004 de 2009.
La plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales ‘Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Caribe’ ha alertado sobre una grave crisis humanitaria en la Sierra Nevada, producto de los enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo. Entre el 4 y 7 de febrero de 2026, se registró el primer desplazamiento forzado de 250 familias, que tuvieron que abandonar sus hogares por temor a los combates y la presencia de los grupos armados ilegales.
A pesar de la gravedad de la situación, la plataforma denuncia la falta de acciones humanitarias urgentes para salvaguardar la vida, integridad y derechos fundamentales de la población civil afectada. En ese sentido, hace un llamado al Gobierno nacional para que actúe de manera inmediata y adopte las medidas necesarias.
Instan al Ministerio del Interior a activar mecanismos de prevención y protección para las comunidades en riesgo, y al Ministerio de Defensa a adoptar medidas que garanticen la seguridad de la población civil y eviten nuevos enfrentamientos en territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas.
La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra al borde del abismo. La violencia desatada por la disputa territorial entre las ACSN y el Clan del Golfo amenaza con destruir comunidades enteras y sumir a la región en una crisis humanitaria sin precedentes. La respuesta del Estado colombiano es crucial para evitar una catástrofe y garantizar la protección de la población civil, especialmente de las comunidades indígenas ancestrales que se ven atrapadas en medio de este conflicto. La hora de actuar es ahora.
