La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia ha lanzado un llamado contundente al gobierno boliviano este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, instando a fortalecer radicalmente los sistemas de justicia del país. La demanda se centra en la necesidad imperiosa de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, reconociendo que la actual situación presenta deficiencias significativas que perpetúan la desigualdad y la vulnerabilidad.
El pronunciamiento de la ONU, emitido esta mañana, subraya que la adopción de un enfoque de género e interseccional es la piedra angular para desmantelar la discriminación estructural que persiste en Bolivia. Este enfoque implica comprender cómo diferentes formas de discriminación – basadas en género, raza, clase social, ubicación geográfica, entre otras – se interrelacionan y se agravan mutuamente, creando barreras complejas para el acceso a la justicia. La ONU enfatiza que las reformas deben abordar estas intersecciones para ser verdaderamente efectivas.
Un punto crucial del llamado de la ONU es la necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de justicia en todo el territorio boliviano. Reconociendo las limitaciones geográficas que dificultan el acceso a la justicia para muchas mujeres, especialmente en áreas rurales y remotas, la organización propone la implementación de mecanismos mancomunados y móviles. Estos mecanismos permitirían llevar los servicios de justicia directamente a las comunidades, superando las barreras de distancia y transporte.
Además, la ONU destaca la importancia de reconocer formalmente el trabajo de los trabajadores comunitarios de justicia. Estos individuos, que a menudo operan en la primera línea de contacto con las comunidades, desempeñan un papel vital en la prevención de la violencia, la resolución de conflictos y la promoción del acceso a la justicia. Su reconocimiento formal y apoyo institucional fortalecería su capacidad para brindar servicios efectivos y garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niñas.
El pronunciamiento de la ONU se enmarca en los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, que enfatizó la necesidad de reformas judiciales que sean sensibles a las diversas realidades sociales del continente. Esto implica no solo la eliminación de barreras prácticas al acceso a la justicia, sino también la eliminación de sesgos raciales y de género dentro del ámbito judicial. La ONU advierte que la presencia de estos sesgos puede conducir a decisiones injustas y discriminatorias, perpetuando la impunidad de los agresores y revictimizando a las víctimas.
La organización también señala que los esfuerzos de Bolivia deben estar orientados a responder a las desigualdades que se han visto agravadas por factores externos como la pobreza, los impactos del cambio climático, las crisis humanitarias y las situaciones de movilidad humana. Estos factores pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, exponiéndolas a mayores riesgos de violencia, explotación y discriminación. La ONU insta al gobierno boliviano a adoptar medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas en estas situaciones de vulnerabilidad.
En el ámbito de la innovación tecnológica, la ONU alienta al Estado a aprovechar las herramientas digitales para prestar servicios de justicia más accesibles y eficientes. Sin embargo, la organización advierte que la implementación de estos servicios digitales debe garantizar la protección de datos y la no discriminación. Es fundamental asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso a la tecnología y a la capacitación necesaria para utilizar estos servicios, evitando así profundizar la brecha digital y excluir a aquellas que no tienen acceso a la tecnología. La ONU enfatiza que las alternativas presenciales deben mantenerse para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la justicia, independientemente de su nivel de acceso a la tecnología.
Un aspecto particularmente importante del llamado de la ONU es el fortalecimiento de las respuestas institucionales especializadas para menores de edad. La organización subraya la necesidad de garantizar procedimientos judiciales adaptados a las necesidades específicas de las niñas, así como el acompañamiento psicosocial necesario para ayudarles a superar el trauma de la victimización. La ONU también insta a la implementación de mecanismos que eviten la revictimización durante los procesos judiciales, protegiendo la privacidad y la dignidad de las niñas.
La ONU reconoce que la tarea de fortalecer los sistemas de justicia en Bolivia es compleja y requiere un compromiso sostenido por parte del gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Sin embargo, la organización enfatiza que esta tarea es esencial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, y para construir una sociedad más justa e igualitaria. El llamado de la ONU es un recordatorio urgente de que la justicia para todas es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las mujeres y niñas en Bolivia. La implementación de estas reformas no solo beneficiará a las mujeres y niñas, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y a la consolidación de la democracia en el país. La ONU se ofrece a colaborar con el gobierno boliviano en la implementación de estas reformas, brindando asistencia técnica y financiera para garantizar su éxito.
