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Lima, Perú – La audiencia para determinar si Adrián Villar, acusado de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras el fatal atropello de la atleta Lizeth Marzano, ha estado marcada por un inusual argumento legal. César Nakazaki, abogado defensor de Villar, argumentó este martes que no existe ninguna disposición legal que obligara a su cliente a entregarse a las autoridades. La declaración ha generado controversia y debate sobre los derechos del acusado y las obligaciones legales en casos de flagrancia delictiva.
Nakazaki basó su defensa en una interpretación del Código Procesal Penal, afirmando que el código no establece una obligación explícita para que un investigado o procesado se entregue voluntariamente. “El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado o procesado a entregarse. Que lo pueden detener a uno, sin duda. El Estado tiene toda la potestad para detener, pero que la persona está obligado a entregarse… ¿En qué ley está?”, cuestionó el abogado durante su alegato.
El letrado citó los artículos 368 y 413 del Código Penal, que permiten a una persona resistir una detención o incluso fugarse si no se emplea violencia. “La persona puede resistir la detención. 413, la persona puede fugarse si es que no usa violencia”, puntualizó Nakazaki. Su argumento central se resume en la premisa de que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”, apoyándose en el Artículo 2, numeral A, que consagra el derecho a la libertad individual y personal.
La defensa de Villar busca desestimar el argumento de la fiscalía, que podría utilizar la falta de entrega voluntaria como un agravante en la solicitud de prisión preventiva. La fiscalía argumentará que la huida del lugar del accidente y la posterior falta de colaboración con las autoridades demuestran una intención de evadir la justicia, lo que justificaría una medida coercitiva más severa.
El caso ha captado la atención pública debido a la trágica muerte de Lizeth Marzano Noguera, una destacada atleta peruana de apnea, quien representó al país en competencias internacionales. El accidente ocurrió la noche del 17 de febrero en el distrito de San Isidro, y Marzano Noguera falleció en el hospital la madrugada del 18 de febrero.
Adrián Villar permanece detenido en la sede de la División de Investigación de Delitos de Tránsito (Divpiat) en La Victoria desde la madrugada del jueves, a la espera de una resolución judicial sobre su situación. Hasta el momento, solo sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, lo han visitado en la sede policial, evitando realizar declaraciones a la prensa que se encuentra apostada en los alrededores.
La estrategia legal de Nakazaki ha generado un intenso debate entre expertos en derecho penal. Algunos juristas coinciden en que el abogado tiene razón al señalar la ausencia de una obligación legal explícita de entrega voluntaria. Sin embargo, otros argumentan que la moral y la ética ciudadana exigen que una persona que ha cometido un delito, especialmente uno con consecuencias fatales, se entregue a las autoridades.
La discusión también se centra en la interpretación de la "flagrancia delictiva". La fiscalía podría argumentar que Villar fue detenido en flagrancia, es decir, inmediatamente después de cometer el delito, lo que le otorga a las autoridades la potestad de detenerlo sin necesidad de una orden judicial. En este caso, la defensa de Villar podría argumentar que la detención fue ilegal si no se cumplieron los requisitos legales para la detención en flagrancia.
El resultado de la audiencia de prisión preventiva será crucial para el futuro del caso. Si el juez decide conceder la prisión preventiva, Villar permanecerá detenido durante el proceso de investigación. Si el juez rechaza la solicitud, Villar podría ser puesto en libertad bajo ciertas condiciones, como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Más allá de los aspectos legales, el caso ha generado una profunda conmoción en la sociedad peruana. La muerte de Lizeth Marzano ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de aplicar sanciones más severas a los conductores que infringen las normas de tránsito. Grupos de deportistas y activistas han organizado protestas y manifestaciones exigiendo justicia para Marzano y una mayor protección para los peatones y ciclistas.
La tensión en torno al caso se suma a un clima político y social ya de por sí complejo en Perú. El país se encuentra en medio de una crisis política y económica, y la opinión pública está cada vez más polarizada. El caso Villar-Marzano se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la desigualdad ante la ley, y su resolución podría tener importantes implicaciones para la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Mientras tanto, la atención se centra en la audiencia y en la decisión del juez, que determinará el próximo capítulo en esta trágica historia. La defensa de Villar se aferra a la letra de la ley, mientras que la fiscalía busca demostrar que la conducta del acusado justifica una medida coercitiva más severa. El debate legal y moral continúa, y la sociedad peruana espera ansiosamente una respuesta que haga justicia a Lizeth Marzano y a su familia.
