El cobro de piso, una práctica criminal que históricamente se asoció con el mundo empresarial, ha experimentado una alarmante expansión en México, infiltrándose en esferas antes consideradas inmunes a la violencia y la intimidación: la fe, la educación y el deporte. Un reciente informe de Latinoamérica21, basado en datos del INEGI y testimonios de diversas fuentes, revela una tendencia preocupante que pone en jaque la seguridad y el bienestar de la población, evidenciando la incapacidad del Estado para garantizar la protección de sus ciudadanos.
El caso más reciente y trágico de esta escalada de violencia fue la masacre ocurrida el 25 de enero en Salamanca, Guanajuato, donde once personas perdieron la vida y una decena resultaron heridas durante un ataque perpetrado por una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima. El móvil del ataque, según las autoridades, estaría relacionado con el cobro de piso asociado a ligas de fútbol amateur de la localidad. Este incidente, lejos de ser un caso aislado, es un reflejo de la creciente incursión del crimen organizado en actividades recreativas, educativas y religiosas, extendiendo su red de control territorial y económico.
Durante años, los grupos criminales han diversificado sus fuentes de ingresos, encontrando en el cobro de piso una modalidad particularmente lucrativa. A través de amenazas, intimidación y, en ocasiones, el uso de la violencia, exigen pagos periódicos a personas y negocios, tanto formales como informales, a cambio de permitirles operar sin ser objeto de ataques o sabotajes. Esta práctica no discrimina: desde grandes empresas transnacionales hasta pequeños puestos de tacos son susceptibles de ser extorsionados. El temor a sufrir daños materiales, la pérdida de ingresos o, incluso, la muerte, obliga a muchos a ceder a las exigencias de los criminales.
Los datos del INEGI son contundentes. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 estima que, durante 2023, se cometieron 747.000 delitos de extorsión en México, de los cuales 113.000 correspondieron al cobro de piso en la vía pública, establecimientos o negocios. Lo más alarmante es que la tendencia va en aumento: mientras que en 2011 el 44,7% de las víctimas entregaba lo exigido por los criminales, en 2023 esta cifra ascendió al 67%. Esta estadística refleja la creciente eficacia de esta modalidad delictiva y la desesperanza de las víctimas ante la falta de protección estatal.
La impunidad es otro factor que contribuye a la proliferación del cobro de piso. El INEGI revela que más del 90% de los delitos cometidos contra unidades económicas no son denunciados formalmente. Las principales razones son el miedo a represalias, la desconfianza en las instituciones y las malas experiencias previas con las autoridades. Esta falta de denuncia permite que los criminales operen con total impunidad, consolidando su control territorial y económico.
Las pérdidas económicas ocasionadas por el cobro de piso son significativas, aunque difíciles de cuantificar con precisión. Estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) sugieren que esta práctica representa entre el 10% y el 20% del ingreso de las pequeñas empresas. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calcula que el delito de extorsión, en general, generó pérdidas económicas por más de mil millones de dólares en 2025.
Pero el cobro de piso ya no se limita al ámbito comercial. En los últimos años, se ha documentado su expansión a sectores que antes se consideraban ajenos a la delincuencia organizada. En 2022, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles, denunció que en algunas regiones del norte del estado de Jalisco era necesario contar con la autorización de los líderes locales de un cártel para llevar a cabo las fiestas patronales, entregando hasta el 50% de lo recaudado durante los festejos. En Veracruz, el presidente de la Red Evangélica, Guillermo Trujillo, afirmó que varios templos habían cerrado debido al cobro de piso, que oscilaba entre 580 y 1.160 dólares mensuales.
El sector educativo tampoco se ha salvado. El diario El Universal ha documentado la apertura de doce carpetas de investigación por el cobro de piso a maestros de escuelas en distintas regiones de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un caso emblemático es el de la escuela primaria Lázaro Cárdenas en Michoacán, donde padres de familia denunciaron que los delincuentes utilizaban a los alumnos como intermediarios para entregar amenazas al personal educativo.
La masacre de Salamanca es un ejemplo extremo de la violencia que puede desencadenar el cobro de piso en el ámbito deportivo. Las amenazas previas al ataque, dirigidas a ligas de fútbol amateur, llevaron a la suspensión de varios partidos. Las exigencias de los criminales ascendían a casi 2.900 dólares mensuales para permitir la realización de los encuentros futbolísticos. Ante la falta de protección policial, algunas ligas optaron por contratar seguridad privada, pero el ataque demostró que esta medida no era suficiente para garantizar la seguridad de jugadores y espectadores. Las investigaciones apuntan a una disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación como posible causa del ataque, revelando la complejidad de las dinámicas criminales que operan en la región.
La situación es crítica y no se vislumbra un escenario alentador. La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta el momento, presenta limitaciones, y una parte importante de la población se siente cada vez más acorralada por las redes criminales. Ante el cobro de piso, las opciones parecen limitadas: ceder a las demandas o negarse y afrontar las consecuencias. Ninguna de estas opciones es viable. La masacre de Salamanca es una trágica advertencia de lo que puede ocurrir cuando el Estado falla en su función primordial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La colusión de actores políticos y agentes estatales con grupos del crimen organizado, así como la falta de voluntad para actuar, han permitido que estas organizaciones ejerzan un control de facto sobre diversas regiones del país. Es urgente una revisión profunda de la estrategia de seguridad y un fortalecimiento de las instituciones para combatir la impunidad y proteger a la población.
