A dos décadas del brutal femicidio de Paulina Lebbos, la provincia de Tucumán revive una herida abierta, marcada por la impunidad, el encubrimiento y una red de corrupción que se extendió desde las esferas del poder político hasta las fuerzas de seguridad. El caso, que comenzó como la desaparición de una joven estudiante de periodismo y madre de una niña de 5 años, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la memoria en Argentina.
El 27 de febrero de 2006, la radio LV12 de Tucumán difundió la noticia de la desaparición de Paulina Lebbos, de 23 años. La última vez que fue vista con vida fue en la madrugada del 26 de febrero, tras salir de un boliche en la zona de El Abasto junto a su amiga Virginia Mercado. Según el testimonio de Mercado, ambas tomaron un remis, un Fiat Duna bordó, pero ella se bajó antes, dejando a Paulina continuar sola hacia el departamento de César Soto, padre de su hija. Soto, sin embargo, declaró que Paulina nunca llegó a su casa. Doce días después, el 11 de marzo, el cuerpo de Paulina fue encontrado a la vera de la ruta 341, en Tapia, Tucumán.
El crimen sacudió a la provincia, entonces gobernada por José Jorge Alperovich, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por abuso sexual. En los años siguientes, se implementaron normativas controvertidas, se realizaron más de 1.500 marchas, se llevaron a cabo tres juicios por encubrimiento y un juicio abreviado por falso testimonio contra Virginia Mercado. Sin embargo, el femicida de Paulina permaneció prófugo de la justicia hasta ahora. Recién este año, el 2 de marzo, comenzará un nuevo juicio que pondrá en el banquillo de los acusados a César Soto, señalado desde el principio por el padre de Paulina como el principal responsable del crimen.
Gustavo Rodríguez, periodista de policiales de La Gaceta, quien cubrió el caso desde sus inicios, recuerda que “en un primer momento no se le dio mucha importancia” a la desaparición de Paulina. Sin embargo, la atención mediática aumentó debido a que la víctima era hija de Alberto Lebbos, subsecretario de Juventud en el gobierno de Alperovich, y a que la desaparición ocurrió en una zona de la ciudad conocida por su vida nocturna. “Había algunas aristas especiales”, destaca Rodríguez, “además de ser la hija de un funcionario, era una estudiante universitaria y madre de una pequeña niña”.
El femicidio de Paulina, ocurrido seis años antes de que se incorporara la figura del femicidio al Código Penal, expuso una red de impunidad en Tucumán con epicentro en el poder político. Tras el hallazgo del cuerpo, los policías inicialmente se atribuyeron el mérito del descubrimiento, pero el padre de Paulina pronto supo que en realidad habían sido dos trabajadores de la zona quienes lo encontraron. Siete años después, tres policías fueron juzgados por obstaculizar la búsqueda y plantar pruebas, aunque finalmente fueron liberados.
En 2018, doce años después del crimen, fueron condenados el exsecretario de seguridad Eduardo Di Lella, el exjefe de la Policía Hugo Sánchez y cuatro oficiales de alto rango. En 2021, el exfiscal de la causa, Carlos Albaca, fue condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Sin embargo, la búsqueda del femicida continuaba.
Rodríguez relata que durante los juicios y las investigaciones se evidenció el nivel de encubrimiento existente. “No se tenía acceso al expediente. El exfiscal Carlos Albaca, que después fue condenado, no permitía tener acceso a los expedientes”, afirma. “En el tiempo de Alperovich era prácticamente imposible avanzar en algunas cosas. En 2006 no teníamos las pruebas, pero nos dábamos cuenta de que en Tucumán había cosas importantes que estaban sucediendo y que estaban muy bien tapadas”.
En febrero de este año, Virginia Mercado admitió haber dado falso testimonio en el juicio de 2018, siendo condenada a tres años de libertad condicional. Sin embargo, no reveló qué fue lo que encubrió, ni la justicia lo solicitó.
Desde el principio, se rumoreó sobre la participación de “hijos del poder” en el crimen. En un momento, se apuntó a un hijo de Alperovich, aunque nunca se pudo probar nada. Ahora, la atención se centra en Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, exsecretario privado de Alperovich, quien será juzgado junto a César Soto en marzo.
Rodríguez señala que se descartó una línea de investigación que ahora cobra fuerza: la posible conexión con el narcotráfico y las relaciones de Soto con una barra brava de un club de fútbol importante de Tucumán. “Es muy poco probable que un fiscal, jefe y subjefe de policía, un funcionario, un secretario de seguridad y otros jerarcas policiales hayan decidido encubrir a Soto”, explica. “Siempre hubo un secretismo muy llamativo en la justicia tucumana para no informar sobre el expediente”.
El impacto social del crimen de Paulina se tradujo en algunas normativas dictadas por el gobierno provincial. Se creó el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) para regular el transporte de pasajeros, eliminando la práctica de personas que utilizaban sus vehículos particulares para transportar pasajeros de manera ilegal. También se fortaleció el Instituto Provincial de la Lucha contra el Alcoholismo, aunque sus regulaciones nunca fueron efectivas.
La medida más polémica fue la Ley 4A.M., que ordenaba el cierre de los locales nocturnos a esa hora. “Obviamente que esa medida fue absurda porque lo único que hizo fue alimentar las fiestas clandestinas en esos momentos, conocida como after”, señala Rodríguez.
Paula Sosa, integrante de la banda Empleada del Mes en 2006, recuerda que la Ley 4A.M. generó una sensación de mayor peligro para las jóvenes que salían de los boliches. “Te echaban del boliche en plena madrugada cuando no había colectivos, era difícil conseguir taxi. Éramos adolescentes dando vueltas en la calle. Y nacen los afters que eran súper clandestinos al principio, en lugares alejados, en barrios, a los que ibas y no sabías si te iban a dejar entrar. Fue una muy mala decisión esa ley”.
Milagros Mariona, editora de La Nota, recuerda que el gobierno de Alperovich, junto con funcionarios y legisladores, “convirtieron la fiesta y la noche tucumana en ilegal”. “La ley de las 4am marcó generaciones que crecimos entre la ilegalidad de los after, la persecución y la corrupción del IPLA y sus coimas, la falta de transporte público a la salida del boliche en medio de la noche, y la violencia de los allanamientos en las fiestas de cada fin de semana”.
Mariona agrega que, mientras esto sucedía, “los mismos que nos mandaban a la ilegalidad, encubrían con maniobras cruentas el crimen de Paulina. Solo algunos de ellos están presos por eso, muchos otros siguen impunes. Pero la complicidad y el silencio siguen siendo la trama principal de este femicidio que nos transformó como provincia”.
Silvina Cena, periodista de La Gaceta, quien comenzó a trabajar en la redacción ese verano, recuerda que era común cubrir casos de personas desaparecidas, pero que el caso de Paulina se distinguió por su complejidad. “Cuando apareció el cuerpo y se confirmó que era Paulina, estaba en la redacción y todo se enmudeció. Tengo muy aparejados los días siguientes con discusiones que elaboraban teorías de lo que podía haber pasado, con el foco puesto en la víctima: qué habría hecho, con quién se habría ido, tomaría alcohol o no, participaba de fiestas o no”.
Hoy, Cena se conmueve al ver la actitud de Alberto Lebbos, el padre de Paulina, quien ha mantenido viva la llama de la lucha por la justicia durante todos estos años. “Tengo muy presentes las marchas de los martes, cuando dejaron de ser masivas y a veces él era el único que sostenía la bandera -con lluvia, con muchísimo frío, sin difusión-, pero nunca faltó”.
Mariona coincide en que el caso de Paulina Lebbos es un ejemplo de la complicidad masculina y la impunidad que aún persisten en la sociedad argentina. “Es increíble llegar a 20 años del crimen y que todos los responsables, muchos presos, no hayan quebrado el pacto de silencio y que nos sigamos preguntando ¿Quién mató a Paulina? La complicidad masculina es más fuerte”.
El jueves 26 de febrero se realizará una radio abierta a las 17 horas y una marcha en la Plaza Independencia para conmemorar los 20 años de la desaparición y el crimen de Paulina. El 2 de marzo comenzará el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk, en busca de respuestas y justicia para Paulina Lebbos y todas las víctimas de la impunidad.
